Declaración del foro sobre legislación en América Latina en torno a la obesidad

Legislación, normas y políticas públicas para detener la obesidad y promover alimentación saludable entre los niños de Latinoamérica: avances, obstáculos y posibilidades

Declaración de la Ciudad de México

México, D.F. 13 de diciembre, 2012. LOS QUE ABAJO SUSCRIBEN DECLARAN:

1. Las epidemias de mala alimentación y sedentarismo causan obesidad y enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer, las cuales, en su conjunto, constituyen la primera causa de hospitalización, discapacidad y muertes evitables en el hemisferio. Particularmente, la obesidad alcanza a uno de cada cuatro niños en edad escolar y a uno de cada dos adultos. Esta situación constituye una crisis de salud pública que requiere ser detenida y controlada, especialmente entre los niños. Describir los daños y alertar a individuos y familias ha resultado insuficiente. Estamos frente a una crisis de envergadura sistémica, que como tal requiere una respuesta igualmente sistémica, incluyendo: liderazgo de las autoridades públicas, Estados que garanticen los derechos a la salud, alimentación e información apropiada, y el uso de los mecanismos de política pública y la ley, como ha sucedido frente a las epidemias de malaria, dengue, inseguridad vial, tabaco, alcohol y otras.

2. La evidencia científica sobre las causas básicas, subyacentes y directas de la obesidad son suficientemente sólidas para generar medidas efectivas que ayuden a controlar la epidemia. Entre esas medidas están las siguientes:

a) Crear en la escuela un ambiente alimentario óptimo y promotor de la salud. Esto incluye:

• Garantizar el acceso a agua potable gratuita y disponibilidad de alimentos mínimamente o no procesados (como verduras y frutas), preferentemente de producción local, y comidas saludables y nutritivas de baja densidad energética, con control de tamaños de porción y con restricciones en sal o sodio, azúcares, grasas saturadas y trans, apegadas a las recomendaciones de la estrategia Global de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
• Restringir la disponibilidad, venta y publicidad de bebidas azucaradas y productos industrializados altos en densidad energética, azúcares, sodio, grasas saturadas y trans y energía.
• Incluir en la educación escolar la formación nutricional y el conocimiento de las tradiciones agrícolas y culinarias locales y nacionales.
• Ejemplos de iniciativas en escuelas que incluyen varios de los elementos mencionados, se están llevando a cabo en México, Brasil, Costa Rica y Ecuador.
• Asegurar la preservación o implementación de programas de educación física como parte obligatoria del currículo escolar.

b) Que en las escuelas, lugares de congregación pública y centros de trabajo se brinde acceso gratuito a agua potable.

c) Favorecer en los centros de trabajo gubernamentales la disponibilidad de frutas y verduras y restringir la disponibilidad y acceso a bebidas azucaradas y alimentos altos en calorías, azúcares, grasas saturadas y grasas trans, así como sal o sodio.

d) Proteger a los niños de la publicidad de bebidas azucaradas y productos comestibles envasados usando medidas regulatorias efectivas. Se sugiere considerar las recomendaciones de la Asamblea Mundial de la Salud (2010), el marco para la implementación de tales recomendaciones (2012), así como la consulta del grupo de expertos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2011).

e) Promover la lactancia materna, así como asegurar la implementación completa y efectiva de los códigos de sucedáneos de leche materna que los países están obligados a aplicar.

f) Establecer etiquetados frontales que identifiquen claramente los productos envasados y las bebidas no recomendados por su alto contenido de sal, sodio, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y calorías, incluyendo alertas textuales y/o pictóricas de los niveles altos de esos ingredientes. Lo anterior debe de acompañarse de acciones de promoción de alimentos naturales, no procesados.

g) Adoptar políticas fiscales efectivas, como subsidios que estimulen el mayor consumo de frutas y verduras e impuestos que desincentiven el consumo de bebidas azucaradas y productos comestibles altos en calorías, azúcares, grasas saturadas y grasas trans, así como sal o sodio. Cuando sea posible, destinar la recaudación tributaria a fines vinculados a temas de salud pública.

h) Desarrollar estrategias de información y comunicación con el apoyo de expertos, en asociación con medios de comunicación, el sector Educativo y medios de la sociedad civil. Estos deben ser programas permanentes que ayuden al público a familiarizarse y adoptar conductas saludables como el consumo de una dieta saludable, y que alerten sobre los peligros de un consumo habitual de productos procesados y bebidas que aumentan el riesgo de obesidad y enfermedades crónicas relacionadas con la dieta.

3. Se recomienda que las autoridades públicas nacionales que decidan actuar para proteger a los niños de la epidemia de obesidad, lo hagan mediante decretos gubernamentales o leyes, de suerte que la implementación de estándares sea obligatoria y efectiva.

4. El progreso en la prevención de la obesidad de los niños es sólo parte de un esfuerzo mayor por asegurar a la población el derecho y acceso real a una alimentación saludable. Tal esfuerzo requiere, por un lado, el concurso de diversos sectores públicos nacionales como agricultura, seguridad alimentaria, educación, salud, comercio y finanzas, y por el otro, la participación de organizaciones de la sociedad civil, instituciones profesionales, académicas y del sector privado con intereses y prácticas convergentes a las premisas aquí indicadas.

5. Dada la complejidad que acarrea formular definiciones de cuales son los productos comestibles cuyo consumo o publicidad deben ser restringidos, consideramos que este es un ejercicio que puede y debe darse en el escenario regional y servir de referencia a los países que decidan tomar medidas regulatorias.

6. Las áreas específicas en las que se podría acometer la tarea antes señalada son: regulaciones de la venta de productos alimenticios en las escuelas, lineamientos para programas escolares de alimentación, regulaciones de publicidad de productos empaquetados y bebidas azucaradas y etiquetado frontal de productos procesados/empaquetados no saludables. Es recomendable que la OPS/OMS convoque a uno o varios grupos de expertos para acometer las tareas antes indicadas.

7. Es fundamental garantizar el monitoreo y la evaluación efectiva de políticas públicas, labor esta en la que los movimientos sociales, la academia y organizaciones no-gubernamentales (ONG) de interés público, deben tener una participación efectiva.

8. Creemos necesario, además, que las recomendaciones que emanen de las reuniones de expertos, referida en el numeral 5, deberían ser acogidas, sometidas a consulta con estados miembros y refrendadas por organizaciones intergubernamentales de las Naciones Unidas (NNUU) con jurisdicción sobre temas de salud (OPS/OMS), educación (UNESCO) y la niñez (UNICEF), sin desmedro que otras organizaciones como la FAO, el Programa Mundial de Alimentos, el World Cancer Research Fund y el Parlamento Latinoamericano (ParLatino), entre otros, también participen. El mecanismo ideal para la actuación de estas instituciones debería tomar la forma de un Convenio Marco por la salud de la niñez y contra la Obesidad, que facilite la acción regulatoria concertada y la debida protección a los gobiernos nacionales, frente al intenso cabildeo que desarrollan muchas empresas multinacionales para mantener un estado de desregulación o autorregulación.

9. También consideramos importante proponer que las instituciones del sistema de NNUU y los gobiernos eviten caer en conflicto de interés en el desarrollo de políticas públicas. La participación de las empresas (multinacionales) de alimentos no debería darse en la mesa donde se diseñan las políticas públicas y medidas regulatorias, sino en la fase de implementación de las mismas. Esto no es obstáculo para que tales empresas sean invitadas a comentar las medidas legislativas o normativas de gobierno, antes que éstas sean promulgadas. El principal argumento detrás de esta proposición es la necesidad de salvaguardar el bien común de los intereses de ganancia económica, que es la fuerza conductora de la actividad comercial de tales empresas.

10. Acordamos igualmente la necesidad de mantener coordinación de los asistentes a la presente reunión y solicitar a la OPS/OMS o a otra organización de NNUU dedicada al tema de alimentación en la región, que sea el órgano encargado de la coordinación de la misma, incluyendo un mecanismo de comunicación electrónica que ayude a mantener intercambio sobre los temas de la reunión y también recibir opiniones de colegas y público en general.

11. Finalmente, acordamos también, hacer públicas estas recomendaciones y enviarlas a las autoridades de las instituciones mencionadas en el numeral 8.

Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2012.

FIRMAN:

Mariela C. Alderate, Vice-directora, Fundación Interamericana del Corazón, Argentina
Magdalena Araya, Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos, Universidad de Chile, Chile
Rebecca Berner, Desarrollo Institucional, El poder del Consumidor, México
Xaviera Cabada, Coordinación de Salud Alimentaria, El poder del Consumidor, México
Alejandro Calvillo, Director El Poder del Consumidor, México
Angela Carriedo, Investigador, Centro de Investigación en Nutrición y Salud, INSP, México
Arantxa Colchero, Jefe de departamento de la Dirección de Economía de la Salud, INSP, México
Fabio da Silva Gomes, Asesor del Programa de desarrollo de UN para el Ministerio de Salud, Brasil
Jaime Delgado, Congresista en el Perú; Presidente Comité del Consumidor, Parlatino
Luis M. Encarnación, Miembro activo de Fundación Mídete, México
Guillermo Fuenmayor, Asesor, Ministerio de Salud de Ecuador
Katia Yetzani García, Departamento de Nutrición, Organización El Poder del Consumidor, México
Leonardo Garnier, Ministro de Educación, Costa Rica
Enrique Gil, Consultor OPS/OMS para el control y prevención de enfermedades, México
Constanza Gómez M., Director, Fundación Mídete
Antiziri González, Miembro activo de Fundación Mídete, México
Guido Girardi, Senador de la República de Chile
Isabella Henriques, Directora de Defensa y Futuro de Instituto Alana, Brasil
Elmer Huerta, Director Cancer Preventorium, Washington Cancer Institute, USA
Enrique Jacoby, Asesor Regional de Alimentación Saludable y Vida Activa, OPS, USA
Nancy López, Investigador, Centro de Investigación en Nutrición y Salud, INSP, México
Víctor Matamoros, Coordinador ANSA, Secretaría de Salud, México
Carla Alicia Padilla, Diputada Federal de México, Comisión de Salud, México
Manuel Peña, Consultor de OPS/OMS en el Perú
Helena Ribeiro, Directora de la Escuela de Salud Pública, Universidad de Sao Paulo, Brasil
Juan Ángel Rivera, Director Centro de Investigación y Nutrición en Salud, INSP, México
Eliana Rodrigues, Investigador, UNAM, México
Lucero Rodríguez, Directora de Promoción de la Salud, SSA, México
Teresa Shamah, Jefe departamento, Centro de Investigación en Nutrición y Salud, INSP, México
Xiuh Tenorio, Senador de la República Mexicana
Florence Theodore, Investigador, Centro de Investigación en Nutrición y Salud, INSP, México
Lizbeth Tolentino, Investigador, Centro de Investigación en Nutrición y Salud, INSP, México
Zaira Valderrama, Coordinadora Nutrición, Secretaría de Salud, México
Anabel Velasco, Investigador, Centro de Investigación en Nutrición y Salud, INSP, México
Salvador Villalpando, Director de Vigilancia de la Nutrición, Centro de investigación en nutrición y salud, INSP, México

Nota: La firma de este documento no necesariamente representa la posición de las instituciones a las que pertenecen los firmantes.