A 20 años del TLCAN tenemos abandono del campo, especulación en alimentos básicos, mal comer y enfermedades para la población

• Organizaciones sociales llaman al presidente Enrique Peña Nieto y a titulares de las Secretarías a instalar un Tratado Interno de Soberanía Alimentaria y Nutricional para garantizar la producción, distribución, abasto y consumo de alimentos sanos con base en la garantía constitucional del derecho a la alimentación para todos y todas.

• Desde 1994 se han expulsado millones de campesinos mexicanos a Estados Unidos.
• México pasó a ser el principal importador de granos básicos de toda América Latina.
• A partir del TLCAN, se produce más pobreza que riqueza en México.
• Desde el TLCAN, México se mantiene como uno de los países con mayor tasa inflacionaria de precios en alimentos básicos.
• El sobrepeso y la obesidad coinciden con la aplicación de políticas comerciales pactadas con el TLCAN.
• México participa en el TLCAN sólo como consumidor en condiciones de desigualdad comparado con sus contrapartes.

Sin Maíz No Hay País y Alimentarme es mi derecho | México, D.F. 30 de enero, 2014. México no necesitaba un TLCAN sino desarrollo, desarrollo para el crecimiento agroalimentario y modernización del campo. La pérdida de la capacidad económica dejó en 3.0 el PIB en el campo, mientras la pobreza nacional en promedio es de 45.5%, en las zonas rurales aumenta a 65% y a 79% en población indígena, según datos oficiales. Esto deja en condiciones desfavorables a productores y productoras aunque cuenten con tierra. Ante esta situación afirma Víctor Suárez Carrera de ANEC: “Es probable que venga algo peor que el TLCAN, el Tratado Transpacífico (TTP), que se ha negociado en lo oscurito y puede ser el paso sin retorno”.

La disminución de las hectáreas sembradas de maíz, frijol, trigo y otros granos han orientado a la importación de la dieta básica mexicana y a partir del TLCAN, México importa en promedio 34% de granos básicos, el país que más importaciones reporta según la CEPAL.

El sistema de desprotección a los productores y productoras de alimentos del TLCAN hoy se enfrenta a una especulación de precios que nunca benefician a quien trabaja la tierra y el gobierno incumple la obligación de establecer condiciones de desarrollo, tal es el caso del frijol que con cosechas sobresalientes, perjudicó más a los extremos, productores y consumidores. “Lo único que están haciendo es jinetear ese dinero y el problema de no pagarles a tiempo a los productores de frijol es que éstos están quedando mal con Financiera Rural, cajas populares, y el presidente municipal, Constantino Castañeda Muñoz, bien puede sumarse a esta lucha”, como lo afirmó Alfonso Ramírez Cuéllar, de El Barzón.

A partir del TLCAN, el gobierno de Estados Unidos implantó una política de aceleramiento de la producción de granos, en particular maíz, soya y trigo, y generó una cadena de subsidios y apoyos para abatir los costos de producción y controlar precios y consumo, tanto en la población estadounidense como en sus mercados internacionales.

“La mayor parte del maíz y la soya de Estados Unidos se vende domésticamente o se exporta para alimentación animal y como biocombustible, no para alimentación humana. Al bajar los precios de estos commodities se dio paso a productos ultraprocesados que llegaron a México y hoy son parte de los patrones de consumo: el jarabe de maíz de alta fructosa y los aceites vegetales hidrogenados (grasas trans)”, dijo Julieta Ponce Sánchez del Centro de Orientación Alimentaria. Tan sólo la obesidad en mujeres pasó de 34 a 73%, la desnutrición crónica en menores de cinco años debió estar por debajo de 2.5 y actualmente es de 13.6%, la lactancia se industrializó y bajó de 22% a 14% y la anemia sigue sin resolverse.

Estudios de Sarah E. Clark y colaboradores del Instituto para la Agricultura y la Política Comercial en la Universidad de Minneapolis, reportaron que entre 1988 y 1999 –mismo periodo cuando se pactó, firmó el TLCAN– las calorías diarias promedio obtenida de grasas en México se incrementó 28.9% y se elevó 6.3% la ingestión de carbohidratos refinados, así como el consumo de refrescos que también subió 37.2% endulzado con jarabe de maíz de alta fructuosa desplazando al azúcar de caña mexicana en una gran proporción.

En las cadenas de comercialización, número de tiendas Wal-Mart pasó de 114 a 561 entre 1993 y el 2001, desde 2005 Wal-Mart controlaba 20% del sector de menudeo de alimentos en México. De hecho, Wal-MArt probó su sistema de gran comercio en México antes que en China.

Todas las promesas del TLCAN se incumplieron cabalmente para México, y también ocasionó desigualdades domésticas en sus contrapartes.

Con base en las garantías que otorga la Constitución Mexicana a la población, se obliga al gobierno a proteger el sistema alimentario mexicano en cumplimiento del nuevo marco jurídico. En 1994 aún no se consagraba en constitucionalmente el derecho humano a la alimentación, a 20 años del deterioro humano ocasionado por la imposición de las condiciones comerciales pactadas como política, es necesario replantear las decisiones estructurales de esta administración. Por lo tanto, se requiere un Tratado Interno de Soberanía Alimentaria y Nutricional para disminuir la desigualdad entre la población mexicana y terminar con los compromisos comerciales entre países en condiciones de desigualdad.

Se requiere:

1. Ley del Derecho a la Alimentación, a dos años de la elevación a nivel constitucional del este derecho.

2. Generación de empleos formales en el campo y el mar con todas las garantías de desarrollo humano para la producción alimentaria de pequeña y mediana escala. Autosuficiencia alimentaria con campesinas y campesinos, con sustentabilidad y sin transgénicos ni monopolios.

3. Estrategias multisectoriales a través de programas y reglas de operación para disminución de la pobreza rural con desarrollo rural en capacidades y protección de recursos.

4. Sistemas productivos incluyentes de todos los niveles de capacidad productiva con evidencia en el incremento doméstico del consumo de alimentos nacionales para disminuir la importación de los granos básicos.

5. Establecimiento de un sistema de precios remunerativos garantizados por sectores productores agroalimentarios y de una reserva pública de alimentos.

6. Replantear Cruzada Nacional contra el Hambre para migrar a una política de Estado para la alimentación y nutrición con base en derechos humanos, donde se vinculen a las dependencias, planes y programas de forma intersectorial, transexenal y con un horizonte 2030.

Fuente: alimentarmeesmiderecho.org/prensa/.