Demandamos a Hacienda cumpla con la ley y asigne una partida específica para bebederos en escuelas en el proyecto de egresos 2015 - Alianza por la Salud Alimentaria

Demandamos a Hacienda cumpla con la ley y asigne una partida específica para bebederos en escuelas en el proyecto de egresos 2015

  • Urgente que la Secretaría de Hacienda otorgue la partida específica y suficiente para la instalación de bebederos en las escuelas, lo que equivale a una cuarta parte de lo recaudado este año por el impuesto a bebidas azucaradas.
  • Se opone Alianza por la Salud Alimentaria a que recursos para bebederos se establezcan en una partida general para infraestructura escolar cuya inversión sea a criterio de cada Consejo Escolar de Participación Social, el Estado debe garantizar agua de calidad para los escolares y establecer una partida específica.

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México, D.F. 26 de agosto, 2014. Mediante una acción pública, integrantes de la Alianza por la Salud Alimentaria exigieron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), incluir en la próxima propuesta de presupuesto 2015, una partida específica y suficiente para la instalación de los bebederos en las escuelas y con esto poder cumplir con lo pactado en el Decreto que reforma los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en materia de bebederos escolares.

El proyecto de decreto fue presentado por la fracción del PRI en la Cámara de Diputados y aprobado por unanimidad en ambas cámaras. Se publicó el 7 de mayo de 2014, con objeto de garantizar en las escuelas la existencia de bebederos o dispensadores de agua suficientes y con suministro continuo de agua potable para que los niños tengan un fácil acceso a este líquido. En su transitorio cuarto, la publicación establece que el presupuesto de egresos de la federación contemplará una asignación de recursos para dotar de estos dispensadores en los inmuebles escolares.

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Aunque el gobierno mexicano se ha opuesto a etiquetar los impuestos para un destino específico, el impuesto a refrescos y comida chatarra fue presentado como una medida fiscal que contribuiría a combatir la obesidad y la diabetes, y dentro de esta política federal de salud se establece también garantizar el acceso a agua de calidad para beber a los niños en las escuelas.

Estamos exigiendo que en el proyecto de presupuesto se establezca una partida específica para la instalación de los bebederos y dispensarios de agua con sus sistemas de purificación en todas las escuelas del país y no dentro de un monto global para la infraestructura en las escuelas que será manejado a discreción por los Consejos Escolares de Participación Ciudadana. Corresponde al Estado garantizar el derecho de los niños a acceder a agua de calidad cuando se encuentran en los planteles escolares y esto sólo se logrará con una partida específica para este fin. Asignarlo como parte de un monto global cuyo destino será definido por los Consejos Escolares significa en la práctica el desentendimiento del Estado en garantizar este derecho a los escolares”, afirmó Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor.

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El impuesto a las bebidas azucaradas va a recaudar aproximadamente $14 mil millones de pesos este año, solamente con una cuarta parte de estos recursos sería suficiente para iniciar el programa de bebederos en todas las escuelas del país. De acuerdo con la “Valoración de impacto presupuestario”, realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, para la instalación de los bebederos se requerirá de la siguiente inversión: año 1, $3 mil 546.4 mdp; año 2, $3 mil 866.8 mdp; y año 3, $4 mil 187.1 mdp.[1]

Al respecto, Luis Manuel Encarnación, de la Fundación Mídete, expresó: “Con los alrededor de $14 mil millones de pesos que recaudará anualmente el impuesto a refrescos y bebidas azucaradas, la Secretaría de Hacienda debería incrementar el presupuesto de programas de prevención de la obesidad, como es el aumento del acceso al agua potable. Con tan sólo una cuarta parte de lo recaudado se podrían instalar bebederos de agua potable en escuelas públicas del país, reduciendo el consumo de bebidas dañinas para los menores y mejorando la salud de los mismos. Es por esto que solicitamos al presidente, Enrique Peña Nieto y al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, demuestren su compromiso por la salud de los niños mexicanos e incluyan una partida específica para bebederos dentro del paquete fiscal que presentarán el próximo 8 de septiembre”.

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Tomando en cuenta que México se encuentra entre los países con peores resultados en materia de obesidad, con uno de cada tres niños con sobrepeso y como primer lugar mundial en obesidad infantil, la Red por los Derechos de la Infancia en México señaló que es necesario que el Estado mexicano cumpla con lo dispuesto en el artículo 4° de la Convención sobre los Derechos del Niño, con el fin de adecuar su legislación y destinar el máximo de recursos posibles, para que a más tardar en tres años, niñas y niños puedan tener acceso a agua potable en sus escuelas, tal como lo establece el artículo 24 de dicha Convención que obliga al Gobierno Mexicano a asegurar la salud de niñas, niños y adolescentes, con el más alto nivel.

El artículo 4° Constitucional dice: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”. En opinión de Hazett Cervantes, de SARAR-Transformación, en las escuelas públicas de educación básica en México no se puede cumplir este escenario, al no contar con un plan integral de gestión del vital líquido en el entorno escolar que tome en cuenta la fuente de abastecimiento de agua segura y constante. Sin este plan, se pueden dar casos tan increíbles en donde las y los alumnos cuenten con el recurso económico, pero no tengan acceso, ni para beber agua ni para los sanitarios. Dijo Cervantes: “Por lo anterior recomendamos que los montos generales asignados a infraestructura escolar, y el específico a bebederos, que se asigne debe ser suficiente para proveer a cada comunidad educativa del país con su propio plan de gestión integral de agua y saneamiento, en el cual los usuarios, con una buena asesoría, seleccionen los sistemas adecuados a sus necesidades y contexto para garantizar agua para beber y su correcta disposición”.

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En tanto, Nathalie Seguin, de la Red de Acción por el Agua en México, comentó que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa es el órgano encargado de coordinar en el Distrito Federal y entidades federativas la instalación de bebederos de agua segura en todas las escuelas y será muy importante contar con criterios precisos que reflejen los parámetros de Naciones Unidas para el derecho humano al agua en cantidad suficiente, calidad salubre y continuidad de la provisión en los bebederos que se construyan. Por ello, para que se tenga acceso al agua de calidad en el país en la presente y futuras generaciones, es urgente que también se apruebe una nueva Ley General de Aguas, que derogue el actual modelo de gestión y permita transitar a uno nuevo que asegure la sustentabilidad y la equidad en la gestión del agua como lo solicita la Constitución y como lo permite el modelo que proponemos en la iniciativa de ley ciudadana Agua para todos, agua para la vida, que miembros de la academia y sociedad civil hemos elaborado“.

La Alianza por la Salud Alimentaria expresó que espera que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumpla con lo acordado en el decreto firmado por el presidente Enrique Peña Nieto y asigne todos los recursos económicos necesarios para la instalación de bebederos en escuelas y sus fuentes de abastecimiento, con el fin de beneficiar la salud de niñas y niños a través de agua potable.

Finalmente, Claudia Campero, de Proyecto Planeta Azul, señaló: “Pasar del dicho al hecho siempre es un reto en política pública. El derecho humano al agua ha sido reconocido en nuestra Constitución y se ha legislado para garantizar agua potable a través de bebederos en las escuelas. Ahora es tiempo de exigir que sean asignados los recursos para hacer esto una realidad”.

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[1] Valoración del Impacto Presupuestario, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Cámara de Diputados.

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