Cuando las quejas de los consumidores sí generan cambios: el caso transgénicos

• Los litigios iniciados por consumidores que sienten afectado su patrimonio por un mal producto o servicio, o que salen en defensa del medio ambiente, van en aumento y tienen preocupadas a las empresas. Gobiernos e instituciones públicas tampoco están a salvo.

Orquídea Soto | 14 de abril, 2015. Imagine que los camiones de pasajeros en su ciudad lucen limpios, están equipados con aire acondicionado, tienen asientos y asideras para discapacitados y los choferes no hablan por celular mientras manejan y mucho menos escuchan música a todo volumen, y tampoco manejan a alta velocidad.

Por difícil que parezca, el transporte público en Mazatlán es algo muy cercano a eso. La asociación civil de nombre Acciones Colectivas promovió una demanda el año pasado para que los operadores del transporte público de esa ciudad costera cumplan con esas condiciones, y ya obtuvo fallos favorables en dos instancias, aunque el juicio aún está abierto.

Los litigios iniciados por ciudadanos que se consideran afectados por productos y servicios o que piensan que hay un daño al medio ambiente se multiplican en el país y tienen preocupadas a compañías de todos los tamaños, e incluso a instituciones y empresas públicas.

Después de que en 2012 se reformó el artículo 17 de la Constitución y se incluyó un nuevo apartado sobre acciones colectivas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, este recurso legal es una herramienta poderosa que tienen los consumidores para ir a los tribunales a demandar reparación por daños causados por un mal producto o servicio, por la falta de competencia en el mercado o bien por afectaciones a bienes de interés público, como el medio ambiente.

El nuevo marco legal permite que un grupo organizado que reclame el mismo hecho, de 30 personas o más, pueden pedir el resarcimiento.

Lo que más preocupa a las empresas es qué decidirán los jueces sobre el número de afectados a compensar, pues eso define el monto de la sanción. Hasta ahora, todavía no hay una sola sentencia definitiva que indique cómo van a determinar los jueces quiénes merecen reparación de daños y quiénes no, y eso alimenta el temor en las empresas de que se dicten sanciones multimillonarias, explica Alfonso Orvañanos, socio del despacho Cuétara y Bolaños, que representa a varias compañías en este tipo de asuntos.

Antes del cambio legal, llevar un juicio de manera individual en contra de una gran empresa, como son las telefónicas (segundo lugar en quejas de los consumidores, sólo detrás de la estatal Comisión Federal de Electricidad, CFE), era un acto casi de heroísmo, pues se tenían que asumir costos superiores al servicio o bien a reparar. A un consumidor le podía costar entre $4 mil y $8 mil pesos lograr la compensación por cobros indebidos o excesivos, indica el estudio “Acciones Colectivas en México: la construcción del marco jurídico”, elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.

Las acciones colectivas son un gran paso para la tutela de los derechos colectivos, si se toma en cuenta que el derecho moderno está construido de forma individualista, al no haber considerado los llamados intereses difusos, como el medio ambiente, dice José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El caso transgénicos

El poder que dan las acciones colectivas alcanza para enfrentar no sólo a empresas poderosas y a dependencias del gobierno federal, sino a ambos cuando están del mismo lado.

En julio de 2013, 53 personas y 20 organizaciones promovieron un juicio en contra de que las secretarías de Agricultura (Sagarpa) y Medio Ambiente (Semarnat) den más permisos para la siembra masiva de maíz transgénico. El juicio tuvo respuesta favorable a los demandantes el 17 de septiembre del mismo año, por lo que a partir de ese momento el juez del caso emitió una medida precautoria que impide autorizar ese tipo de siembra en tanto no se resuelva el juicio.

La respuesta de multinacionales como Monsanto, Syngenta, PHI México y Dow AgroSciences y las propias dependencias federales fue interponer 72 apelaciones en 12 tribunales federales, en busca de reactivar los permisos.

El Poder Judicial no está familiarizado con lo que dice el Código Civil en materia de acciones colectivas ni con su aplicación, dice la estadounidense Monsanto en un comentario enviado a Forbes México por correo electrónico, sino que analiza el caso con base en disposiciones procesales que no aplican a estos casos, como son las medidas precautorias.

“Estamos peleando contra más de 70 abogados de las transnacionales”, dice René Sánchez Galindo, director de Colectivas AC, el despacho que representa en este tema a 20 organizaciones de la sociedad civil y a 53 personas a título individual, entre quienes hay científicos, investigadores y artistas.

Algunas acciones colectivas van contra gobiernos. Durante su mandato, el ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, decidió entregar más de 62 mil metros cuadrados de campos deportivos a la familia Miguel Bojalil. Los vecinos se inconformaron y presentaron varios recursos, pero no funcionaron y recurrieron entonces a una acción colectiva.

Los pobladores han empezado a ver los frutos. El juez Noveno de Distrito en el estado determinó que son los vecinos de las colonias donde están ubicados los terrenos, alumnos y autoridades educativas de las escuelas de la zona, quienes tienen el derecho de hacer uso de los campos deportivos, como ocurría antes de que fueran expropiados. El caso no está cerrado, pues el gobierno estatal aún impugna las resoluciones.

El propio Ayuntamiento de Mazatlán es blanco de demandas de Acciones Colectivas de Sinaloa. Una es por contaminación ambiental en el basurero municipal y otra por contaminación generada por el rastro municipal.

Entre las más recientes está la presentada en contra de la empresa regional de bebidas El Manantial, que produce el refresco llamado Tonicol, por arrojar al sistema de drenaje aguas residuales que exceden los límites de contaminantes y por no manejar adecuadamente los desechos tóxicos que genera su planta.

La otra va contra Buenavista del Cobre, Grupo México y Minera México, por los daños ambientales provocados por los derrames en los ríos de Sonora (la demanda ya fue admitida y está en trámite). No hay un estimado del monto de la sanción económica a Grupo México, pero ésta deberá ser fijada por el juez con base en opiniones de expertos ambientales y de Profepa, dice Rincón.

Por el monto del fideicomiso de $2 mil millones de pesos que creó la compañía para reparar los daños, la reparación será de por lo menos esa cantidad y probablemente mayor, añade el abogado, ya que tomará años y hay poblados que tienen que reubicarse, añade Rincón.

La indemnización que se busca obtener en estos casos, explica Álvarez, se destinaría a un fondo administrado por el Consejo de la Judicatura Federal para promover y apoyar acciones colectivas futuras.

Fuente: www.forbes.com.mx/cuando-las-quejas-de-los-consumidores-si-generan-cambios/.