Organizaciones civiles interponen queja ante la CNDH por omisión del Estado frente a emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes

• La Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENSOD) muestra graves deficiencias, particularmente en el pilar de regulación sanitaria que pretende modificar el entorno para que se faciliten las mejores decisiones respecto a la alimentación.
• Lamentable que el gobierno mexicano se haya dedicado a simular que atiende un problema tan importante, como es la protección de la salud de las personas, pero en realidad protege los intereses de la industria.

Ciudad de México, 8 de marzo, 2017. El 1° de noviembre de 2016 el Subcomité de Enfermedades Emergentes exhortó al titular de la Secretaría de Salud a emitir las declaratorias de emergencia epidemiológica por Sobrepeso y Obesidad, así como por Diabetes Mellitus. Con ello se hizo un llamado a todas las autoridades e instancias a fortalecer las acciones de promoción, prevención, diagnóstico oportuno y control de estas enfermedades.

Previendo esta situación de emergencia, desde 2010 diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra las autoridades responsables del gobierno mexicano por violación y omisión al derecho a la salud, a la información y a los derechos de la infancia por el ambiente obesogénico que ha creado la epidemia de sobrepeso y obesidad en el país. La queja también señalaba la presencia de un ambiente obesogénico en las escuelas del país, el daño de la intensa publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida a los niños mexicanos y la ausencia de un etiquetado realmente orientador para los consumidores, entre otras medidas.

En 2013 el actual gobierno presentó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENSOD), que parecía atender estas omisiones. Sin embargo, la ENSOD ha mostrado graves deficiencias, particularmente en el pilar de regulación sanitaria que pretende modificar el entorno para que se faciliten las mejores decisiones respecto a la alimentación, factor indispensable para la prevención y control de estas enfermedades.

“Como lo demuestran diversos estudios y documentos, el diseño de estas políticas como el etiquetado frontal y la regulación de la publicidad dirigida a la infancia fueron capturadas por la propia industria de alimentos y bebidas, así como la regulación para el expendio de alimentos y bebidas que no se ha implementado en la mayoría de las escuelas a 3 años de su promulgación. Esta actuación del Estado mexicano violenta diversos derechos de los ciudadanos, contribuyendo a la mayor catástrofe sanitaria en México”, declaró Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor —organización integrante de la Alianza por la Salud Alimentaria.

La evidencia del impacto que tienen la publicidad en los derechos de los niños es contundente. Sin embargo, la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a niños hecha por las autoridades, lejos de proteger a los menores, viola su derecho a ser protegidos contra información y material que perjudique su salud física, como se establece en la Convención de los Derechos del Niño (CDN).

Lo anterior es debido a que permite la promoción de productos dañinos para la salud, en los horarios y programas que más audiencia infantil tienen, como lo demuestra un estudio sobre la audiencia infantil del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Asimismo, dicha regulación no establece ningún otro mecanismo respecto a otros canales de comunicación, tales como: internet, videojuegos, teléfonos móviles, redes sociales, radio, materiales impresos, empaques en los productos, en las calles y en las escuelas.

Además, la regulación permite el uso de celebridades, personajes atractivos para los menores y la entrega de premios para enganchar a los niños.

Del mismo modo, la regulación relativa al etiquetado frontal de productos alimenticios es contraria a lo que recomiendan organizaciones internacionales, a los estudios y recomendaciones del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), así como a la propia ENSOD.

Esta regulación viola el derecho a la salud y a la alimentación adecuada de los consumidores, así como el derecho a ser informados de forma comprensible, visible y veraz sobre productos que ponen en riesgo la vida y la salud de las personas.

El único estudio de comprensión sobre este tipo de etiquetado muestra que ni los estudiantes de nutrición lo pueden interpretar, además de que los criterios de azúcar utilizados representan un riesgo a la salud.

En lo que respecta a la regulación del expendio y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas, si bien se estableció la prohibición del expendio de diversos productos en las escuelas por no favorecer la salud de los estudiantes, lo cierto es que no se ha implementado por falta de capacitación y seguimiento al cumplimiento de dicha disposición.

De hecho, se hizo una solicitud de acceso a la información para conocer las acciones llevadas a cabo por la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal y la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, y ambas manifestaron no ser competentes en el tema. Es decir, no existe autoridad verificando que no se venda comida chatarra en las escuelas y que se cumpla con la regulación.

Es lamentable que el gobierno mexicano se haya dedicado a simular que atiende un problema tan importante, como es la protección de la salud de las personas, pero en realidad protege los intereses de la industria.

Por esto, organizaciones de la sociedad civil solicitaremos la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que emita recomendaciones a fin de proteger los derechos de los ciudadanos, señaló Julio Salazar, coordinador Jurídico El Poder del Consumidor.

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