La salud alimentaria y los derechos de la infancia - Alianza por la Salud Alimentaria

La salud alimentaria y los derechos de la infancia

La lucha de las sociedades del mundo por el reconocimiento de los derechos de la infancia comenzó en las primeras décadas del siglo XX, alcanzando los primeros logros el 20 de noviembre de 1959, fecha en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Derechos del Niño en 10 puntos.

Treinta años después, el 20 de noviembre de 1989, coincidiendo con el fin de la Guerra Fría, la Asamblea General adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño. Con la ratificación de la Convención, los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos por la Convención, además de utilizar al máximo de los recursos que dispongan para garantizar específicamente el efectivo cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. El Estado Mexicano se suscribió a la Convención desde septiembre de 1989 y en junio de 1990, con base en el artículo 133 constitucional, la Convención sobre los Derechos del Niño adquirió la calidad de Ley Suprema.

La adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño en el mundo y en México representa una trasformación histórica de los paradigmas bajo los que eran concebidos, tanto la infancia como las responsabilidades que el Estado y otros actores deben asumir para atender las problemáticas que atañen a la niñez. Este es el primer instrumento jurídico internacional basado en la doctrina de la protección integral, que reconoce a niñas y niños como sujetos sociales con derechos y capacidades de acuerdo a su etapa de desarrollo.

Por otra parte, la riqueza jurídica del Convención sobre los Derechos del Niño radica en que: 1) Representa un marco de actuación para gobiernos y distintos actores sociales; 2) Al basarse en una doctrina de protección integral, abarca tanto derechos civiles y políticos como sociales, económicos y culturales; 3) Es universal, por lo que garantiza su aplicación en todo tiempo, espacio y contexto sociocultural.

El garantizar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y difundir su contenido permiten la consolidación de un sistema de protección integral de la infancia bajo el enfoque de derechos, cuyo objetivo central es reconocer a niñas, niños y adolescentes como personas con capacidad de defender y exigir sus derechos legalmente reconocidos. Al mismo tiempo que obliga a los Estados a emprender acciones para garantizar dichos derechos.

Dentro de los compromisos de los Estados firmantes de la Convención sobre los Derechos del Niño, como México, en materia de salud y alimentación, se han asumido la responsabilidad de garantizar:

  • La supervivencia y el desarrollo del niño.
  • El derecho al acceso a información y material, especialmente aquellos que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. En este sentido, los Estados deberán elaborar directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar.
  • El derecho a disfrutar el más alto nivel posible de salud y servicios para el tratamiento de enfermedades. Como parte de este derecho, los Estados se comprometen a combatir las enfermedades y la mala nutrición en el marco en la atención primaria de la salud. Además de que deben asegurar que todos los sectores de la sociedad conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños.

En este sentido, es imprescindible enmarcar la lucha por la salud alimentaria en el enfoque de derechos, con el respaldo jurídico de la Convención sobre los Derechos del Niño, pues de esta manera tanto los Estados como el resto de los actores involucrados (empresas, familias, la sociedad civil organizada, educadores, medios), tanto en las causas y consecuencias como en las respuestas a la epidemia de obesidad en México, podrán exigir y participar en la formulación, implementación y monitoreo de políticas públicas que atiendan la problemática de forma integral.

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