Desarmados y secuestrados frente a las emergencias epidemiológicas de obesidad y diabetes - Alianza por la Salud Alimentaria

Desarmados y secuestrados frente a las emergencias epidemiológicas de obesidad y diabetes

  • La obesidad tienen un costo anual de alrededor de $150 mil millones de pesos, el equivalente a 3 veces el costo estimado de la reconstrucción tras los sismos de septiembre.
  • El sector Salud ha sufrido recortes en su presupuesto real durante 3 años consecutivos y no ha implementado una política efectiva de prevención.
  • La Secretaría de Salud continua con una política y organismos secuestrados por la industria de alimentos y bebidas, capturados por el conflicto de interés.


 

Ciudad de México, 24 de octubre, 2017. A unos días de que se cumpla 1 año de las declaratorias de emergencias epidemiológicas por obesidad y diabetes en México se carece de una estrategia para enfrentar estas enfermedades, el sector Salud sufre nuevamente un recorte a su presupuesto y la política contra la obesidad está en un organismo dominado por la industria.

Las declaratorias de emergencias epidemiológicas por obesidad y diabetes en México son las primeras de su tipo en el mundo. Estas declaratorias se dan frente a enfermedades que exceden las capacidades financieras del Estado mexicano, teniendo un estimado de costo anual para la obesidad de $150 mil millones de pesos y un total de muertes por diabetes de alrededor de 100 mil por año.

Los costos de la obesidad, para establecer un marco de referencia, triplican los costos estimados para la reconstrucción tras los sismos de septiembre pasado.

Estos costos han pasado de poco más de $40 mil millones en el año 2000 a $150 mil millones en el año 2017.

Por su parte, los costos totales de la diabetes asociados a la obesidad en el 2013 ascendieron a $85 mil millones de pesos al año, de los cuales 73% corresponde a gastos para tratamiento médico, 15% al costo generado por pérdidas debidas al ausentismo laboral y 12% al costo por pérdidas de ingreso debido a mortalidad prematura.

Desarmados

El sector Salud sufre recortes, destina poco a prevención y no lo ejerce.

En 2013, el presupuesto del sector Salud representó el 3.5 del Producto Interno Bruto (PIB).

El presupuesto presentado para este sector por la Secretaría de Hacienda representa un estimado del 2.5% del PIB estimado para 2018.

Cada vez más se aleja el presupuesto de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de al menos dirigir al sector 6% del PIB.

El presupuesto a Salud ha venido cayendo y no subsana recortes anteriores, como el del presupuesto para el 2017 que sufrió una reducción del 10%.

El monto dirigido a prevención, como parte del presupuesto general a Salud, sigue siendo similar al aportado antes de las declaratorias de las emergencias epidemiológicas de obesidad y diabetes, e incluso antes de la presentación de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.

Inclusive, la Secretaría de Salud en 2016 realizó un subejercicio en el rubro destinado a la prevención del sobrepeso y la obesidad.

Secuestrados

La estrategia del gobierno mexicano fracasa por el conflicto de interés.

Aspectos fundamentales de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes fracasaron, como el etiquetado frontal de alimentos y bebidas que es incomprensible y lleva al consumo de cantidades de azúcar que representan un riesgo a la salud, como lo ha expresado la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) a la Secretaría de Salud y Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

De igual manera, la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida a los niños no protege a la infancia mexicana de las campañas multimillonarias que inducen al consumo de estos productos entre los niños mexicanos que presentan de los mayores índices de sobrepeso y obesidad en el mundo.

Tanto el etiquetado frontal como la regulación de la publicidad las diseño Cofepris en complicidad con la industria.

El conflicto de interés alcanza su mayor expresión en la Secretaría de Salud con el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles (Oment) que fue creada para evaluar las políticas contra la obesidad y que cuenta con una muy amplia representación de la industria de alimentos y bebidas.

Fiorella Espinosa, investigadora en Salud Alimentaria de la organización El Poder del Consumidor —organización integrante de la Alianza por la Salud Alimentaria—, mencionó: “El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Salud, elige que carguemos con los grandes costos de la obesidad antes que implementar una verdadera política pública integral contra la obesidad. Hoy tenemos una lista de políticas a medias: un etiquetado que está en todos los productos, pero no es ni entendible ni útil a la población, por el contrario, incita a consumir azúcar en exceso; una regulación de publicidad de alimentos y bebidas que descuida los horarios y programas más vistos por los infantes; una campaña que culpabiliza a los individuos de sus elecciones; y, un impuesto a la mitad de lo recomendado. Ya en 2010 un estudio identificaba que la implementación bien hecha de estas acciones costaría $40.85 pesos por persona, mientras que las pérdidas económicas por la alta presencia de obesidad equivalen a $840 pesos por persona”.

“El conflicto de interés en la política contra la obesidad en México ha sacrificado la posibilidad de avanzar con base en la evidencia científica en el combate de esta epidemia, al dejar bajo la influencia de la gran industria de alimentos y bebidas el diseño de regulaciones fundamentales