La revolución oaxaqueña en contra del consumo de comida chatarra y bebidas azucaradas en la infancia

• La reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Oaxaca debe ser protegida de los intereses económicos de la industria de alimentos y bebidas.
• Esta iniciativa debe acompañarse de una ley integral que ponga en el centro el interés superior de la infancia y la recuperación de la alimentación tradicional de la región.
• Expertos en salud y defensores de derechos humanos llaman a las autoridades a no retrasar una ley que protege a la infancia de las enfermedades no transmisibles.

Ciudad de México, 24 de agosto, 2020. Durante la mesa de análisis sobre la iniciativa aprobaba por el Congreso de Oaxaca que prohíbe la distribución, venta, regalo y suministro a niñas, niños y adolescentes, de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico, expertos en salud y defensores de derechos humanos llamaron a las autoridades del estado a proteger el dictamen de cualquier interés económico que busque retrasar su publicación.

Esta iniciativa aprobada el pasado 5 de agosto de 2020 por el Congreso de Oaxaca promueve reformas a la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que privilegian el interés superior de la infancia y protegen su derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, en un estado que ocupa el primer lugar a nivel nacional de obesidad infantil, y que aún está a la espera de ser publicada en el Diario Oficial por el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa.

Para el doctor Abelardo Ávila, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, esta reforma “constituye un hito histórico para enfrentar el gravísimo problema de daños a la salud como consecuencia del alto consumo de alimentos chatarra”.

Añadió que “es muy importante hacer conciencia de que el sentido de la reforma es velar por el interés superior de la infancia ante una situación que afecta ya a gran parte de nuestra infancia con consecuencias previsiblemente catastróficas. Las demás consideraciones deberían razonarse y resolverse en función de este objetivo y no en función de otro tipo de intereses”.

En México, la malnutrición infantil representa un doble reto de salud pública, pues esta población se enfrenta a la desnutrición y, al mismo tiempo, al sobrepeso y la obesidad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012 (Ensanut 2012), 13.6% de los menores de 2 años tienen retraso en el crecimiento, es decir, 1.5 millones de niños viven con esta condición, siendo las localidades indígenas y rurales del sur las más afectadas, en donde 27.5% de niñas y niños presentan baja talla. Además, 34.4% de los infantes de 5 a 11 años tiene sobrepeso u obesidad, incrementando su riesgo a desarrollar alguna enfermedad no transmisible a una edad más temprana.

Estas cifras tienen su origen en la forma como niñas y niños mexicanos se están alimentando. Entre los 5 y 11 años, por ejemplo, son quienes consumen más alimentos no recomendados: 85.7% toma bebidas no lácteas endulzadas, 64.65% ingiere botanas, dulces y postres, y 52.9% consume cereales dulces.

Yesica Sánchez Maya, del equipo directivo de la asociación Consorcio Oaxaca, indicó que “la reforma aprobada abre la puerta a una nueva realidad que cambiará hábitos alimenticios en beneficio de la salud de la infancia y de la población en general, pero no sólo ello sino también impactará positivamente en las economías locales. pues el aumento de consumo de alimentos locales-sanos, sustituyendo el consumo de chatarra y bebidas azucaradas, conlleva que el dinero que iba hacia los grandes capitales se quedará en el estado”.

Sin embargo, alertó, “es urgente la redefinición de una política pública que abone de manera contundente a que esta realidad sea inmediata. La pandemia del COVID-19 también puso sobre la mesa la urgencia de hacer realidad el derecho a la salud, a la alimentación, pues muchas de las muertes están relacionadas con los graves problemas de salud ocasionada por el consumo de chatarra y refrescos”.

Al respecto, Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), declaró: “El surgimiento de reformas de ley en Oaxaca y otras entidades federativas para prohibir la venta de comida chatarra y bebidas azucaradas a niñas, niños y adolescentes, es una respuesta de emergencia frente a las evidencias que nos deja la pandemia sobre el impacto de las enfermedades crónico degenerativas que han incrementado la letalidad del COVID-19 en personas jóvenes.”

Y, afirmó que “estas iniciativas tienen pertinencia, como políticas públicas paternalistas ante el fracaso de las medidas de autorregulación de la industria que colocaron la prioridad en sus ganancias económicas. La negativa de la industria ante el etiquetado y la regulación oficial es una lamentable muestra de la falta de ética, porque ratifican que sus intereses económicos están por encima de la salud de millones de niñas niños y adolescentes”.

Esta reforma también podría fortalecer la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas de Oaxaca y promover la comida tradicional oaxaqueña que es reconocida a nivel mundial por su enorme diversidad, la cual ha sido declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Al respecto, Tomás López, del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, Cepiadet, A.C., señaló: “Históricamente las formas de vida de los pueblos y comunidades indígenas han sido cuestionadas, estigmatizadas y reemplazadas por otras, considerando que es lo mejor para ellas, sin considerar su propia voz y aspiración. Es bajo este contexto que los sistemas de alimentación de las comunidades fueron desplazados, con la idea de generar mejores condiciones de acceso ‘a una buena alimentación’. Desafortunadamente, no ha sido así, los resultados son la gravedad de enfermedades que se vive por la población nacional pero que se exacerba tratándose de los pueblos indígenas, por los problemas históricos de acceso a la salud y a otros que no han sido garantizados de manera adecuada por el Estado a través de sus instituciones. Este escenario no es menor, pues ha implicado la violación sistemática de derechos reconocidos en diversos instrumentos legales en favor de los pueblos indígenas, como lo establecido en el artículo 20 de la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas y lo establecido en el artículo 23 del Convenio 169 de la OIT”.

Finalmente, durante su intervención, Osmayra Ziga Ramos, especialista en Salud y Nutrición de Puente a la Salud Comunitaria, afirmó: “Hoy en día el gran desafío para las comunidades es seguir incluyendo en su alimentación lo que se produce en ella, ya que se han perdido con el paso del tiempo. Por ello, consideramos que esta Ley aprobada en el Congreso de Oaxaca para prohibir la venta y distribución de comida chatarra y bebidas azucaradas a niñas, niños y adolescentes nos ayudará para seguir en la promoción de alimentos locales y evitar el consumo de alimentos procesados que no cuentan con un valor nutricional.”

Al finalizar la mesa de análisis reiteraron el llamado a que el gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, publique esta reforma, y a las autoridades federales y locales para garantizar y proteger los derechos a la salud y a una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad de la población mexicana, a través de políticas públicas coordinadas e integrales que tengan como eje central el interés superior de la infancia, y que estén por encima de los intereses económicos de la industria de alimentos y bebidas.

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