Desde el Senado exigen regulación inmediata de conflicto de interés en el Legislativo

• En México 37 personas poseen o mantienen influencia sobre el 28% de la economía nacional.
• El conflicto de interés constante y agresivo en los procesos legislativos ataca la democracia y es una de las mayores formas de corrupción.
• El conflicto de interés afecta a toda la sociedad, pero son los grupos vulnerables los que más padecen los resultados de la interferencia de los intereses privados.

Ciudad de México, 23 de abril, 2025. El Poder del Consumidor ―organización integrante de la Alianza por la Salud Alimentaria― en coordinación con la senadora Ana Lilia Rivera y otras organizaciones aliadas, realizaron el foro “Regulación del Conflicto de Interés en la Legislación Mexicana”, con el objetivo de sensibilizar y analizar cómo el conflicto de interés impacta en la promoción de los derechos humanos, en especial aquellos vinculados a la salud, la educación y el medio ambiente.

Durante el encuentro se destacó la urgencia de promover un marco legal claro y efectivo que regule estás prácticas, priorizando el interés público frente a los intereses privados y corporativos.

En su mensaje de bienvenida, la senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la Comisión de Economía, se refirió al conflicto de interés, ejemplificándolo con la aprobación de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible: “El cabildeo fue constante y agresivo en pasillos, comisiones, medios y múltiples niveles de gobierno. El objetivo siempre era debilitar el contenido de la ley o detenerla de ser posible. Afortunadamente la ética y el sentido social lograron imponerse, pero no siempre es así”.

Sobre el foro, destacó la senadora que es un punto de partida para crear mecanismos que prevengan, sancionen y visibilicen este riesgo estructural para la integridad del proceso legislativo.

Por su parte, Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, afirmó: “No puede haber democracia sin controlar el conflicto de interés en nuestro país. Este concepto ha sido incluido en distintas legislaciones del mundo y la OCDE lo define como ‘un conflicto entre las obligaciones públicas y los intereses privados de un servidor público, que pueden influir impropiamente en su desempeño’. Gestionarlo es más complejo que contenerlo, por lo que las Cámaras de Diputados y Senadores deberían hacer cumplir los códigos de ética que dicen ser de observancia obligatoria”.

El conflicto de interés en el poder legislativo es un grave riesgo para las instituciones, la democracia y el bienestar social. Este fenómeno, que a menudo se manifiesta como corrupción, distorsiona las políticas públicas, vulnerando los derechos humanos en beneficio de pequeños grupos privilegiados que buscan proteger sus intereses.

Representando a la sociedad civil, Julieta Lamberti, directora de Investigación de Poder, puntualizó: “En México, 37 personas poseen o mantienen influencia sobre el 28% de la economía nacional, a través de la interrelación de las direcciones corporativas y las puertas giratorias. El cabildeo, el conflicto de interés y el intercambio de favores no son excepciones en el juego político. Aunque ha habido avances en la regulación, separar el poder político del económico en estas condiciones sigue siendo un deseo. Es necesario un compromiso fuerte por parte del gobierno para avanzar en regulaciones obligatorias para que los intereses privados dejen de incidir tan fuerte en la toma de decisiones públicas”.

Sobre la necesidad de una legislación transparente, Dalia Toledo, directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción en Ethos, mencionó: “El problema con el conflicto de interés es que abre la puerta a una toma de decisiones que interpone el bienestar privado al bienestar común. El conflicto de interés compromete la equidad y la rectitud en la toma de decisiones y, por lo tanto, debilita la confianza ciudadana en las instituciones públicas. La transparencia ha sido la llave que le ha permitido a las organizaciones de la sociedad civil y a otros actores interesados descubrir casos de conflicto de interés que derivaron en hechos de corrupción. Por lo que, promover una mayor transparencia en este tema es una agenda urgente”.

Christian Torres, coordinador de Conflicto de Interés, de El Poder del Consumidor, centró su intervención en los impactos negativos en la protección de los derechos humanos y puntualizó: “Cuando el Estado deja de ser imparcial y actúa para proteger intereses privados, deja de ser garante de derechos y se convierte en cómplice de su vulneración. Combatir el conflicto de interés es una lucha estructural por la justicia social, la igualdad y el respeto a la dignidad humana. No podemos permitir que decisiones que afectan a millones de personas sigan siendo tomadas bajo la sombra de intereses económicos, corporativos y políticos”

En México, el conflicto de interés es una amenaza estructural para la democracia: no sólo afecta la toma de decisiones, sino que erosiona la confianza ciudadana, profundiza la desigualdad y compromete la legitimidad de las instituciones.

La transparencia es el cimiento de una democracia sólida y ética. Urge legislar con firmeza los conflictos de interés entre los legisladores y las legisladoras e implementar mecanismos de rendición de cuentas efectivos.

Para conocer más sobre el foro legislativo “Regulación del Conflicto de Interés en la Legislación Mexicana” visita: https://www.youtube.com/watch?v=Cjhpop8pRGI

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Referencias:

Nolan C. Standars in public life: first report on the committee on standars inpublic life. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/336919/1stInquiryReport.pdf

Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 2003. https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf

Organisation for Economic Oo-operation and Development. Managing Conflict of Interest in the Public Service OECD Guidelines and Overview. 2003. https://web-archive.oecd.org/2012-06-14/90678-48994419.pdf

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