Fracasa la estrategia federal para combatir la obesidad

Al presentar el documento “El fin del Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria (ANSA) y la necesidad de una ley y política integral de combate a la obesidad” El Poder del Consumidor (EPC) solicitó a cada una de las 17 dependencias informes sobre los avances en los compromisos contraidos al firmar dicho Acuerdo.

Como ejemplo, se refirieron a los informes de la Secretaría de Salud en los que manifiesta que no cumplió diversos compromisos por falta de recursos, misma respuesta que otras dependencias dieron a nuestra solicitud de información.

“La llamada estrategia para combatir la obesidad nació muerta por tratarse de un Acuerdo y no una Ley; de un instrumento que carece de vínculos a la legislación, que no cuenta con recursos financieros asignados, que no es obligatorio, que no establece sanciones ni seguimiento. El ANSA es el resultado de una política sometida a los intereses empresariales que se oponen a cualquier tipo de regulación que pueda afectar sus intereses, sus ingresos. El ANSA es un instrumento muy débil, como lo calificó el Relator Especial por el Derecho a la Alimentación de Naciones Unidas, Olivier de Schutter. La inoperancia y debilidad del ANSA destaca frente a las regulaciones y leyes que se están desarrollando en otras naciones de América Latina”, señaló Alejandro Calvillo, Director de EPC.

Los 10 objetivos del ANSA son correctos, aunque falta en ellos la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia.

Sin embargo, la falta de instrumentos para lograr estos objetivos los deja sólo como enunciados. Veamos tres ejemplos:

En el objetivo 2 se plantea: “aumentar la disponibilidad, accesibilidad y el consumo de agua simple potable”.

No se ha implementado ningún programa para la introducción de bebederos en escuelas y espacios públicos. Los mexicanos seguimos siendo los mayores consumidores de refrescos y agua embotellada.

En el objetivo 4 se establece incrementar el consumo diario de frutas y verduras, leguminosas y cereales integrales.

No se ha desarrollado ningún programa para facilitar la disponibilidad y acceso de la población a estos productos, al contrario, se ha permitido la especulación con sus precios.

Por último, en el objetivo 5, se propone: “mejorar la capacidad de decisiones informadas a través de un etiquetado útil”.

La Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) y la Secretaría de Salud, al contrario, permitieron a las empresas implementar un nuevo etiquetado que, de acuerdo a un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), engaña a los consumidores.

“En el documento señalamos que las únicas medidas efectivas que se han tomado son la modificación de los desayunos escolares del DIF y la oferta de leche baja en grasa por parte de Diconsa. En relación a los lineamientos para la venta de alimentos y bebidas en las escuelas, se señala que éstos enfrentan dos problemas: en la mayoría de las escuelas no se cumplen ya que los consejos escolares, que no operan en la mayoría de las escuelas, son los encargados de su cumplimiento; y, gracias a las presiones de la industria, los lineamientos permiten la venta de alimentos y bebidas no saludables en las escuelas”, señaló Xaviera Cabada, Coordinadora de Salud Alimentaria de EPC.

La doctora Julieta Ponce, directora del Centro de Orientación Alimentaria, invitada a comentar nuestro documento, señaló: “El ANSA ha resultado ser sólo un conjunto de recomendaciones generales, en lugar de garantizar la disponibilidad y accesibilidad a los alimentos nutritivos, suficientes y de calidad, tal como se establece en el artículo 4º constitucional sobre el derecho a la alimentación: Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Estas obligaciones irrenunciables del Estado aplican también a los secretarios y Secretarías responsables de dicho acuerdo nacional, sobre todo cuando se trata de poblaciones cautivas los estudiantes durante la jornada escolar”.

Por su parte, el doctor Abelardo Ávila, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, declaró: “El agravamiento progresivo de la situación epidemiológica indica claramente que las débiles medidas adoptadas como políticas gubernamentales no han logrado incidir en la medida requerida para evitar el colapso. Aparentemente ha prevalecido el interés de las empresas fabricantes de alimentos chatarra por encima de la obligación del Estado mexicano para garantizar el bienestar de la población. En lugar del ejercicio de sus atribuciones para evitar las ominosas consecuencias de la epidemia, la política pública se ha orientado a salvaguardar los intereses económicos de las empresas, remitiendo las propuestas generadas por los expertos en salud pública para enfrentar el problema al arbitrio de las instancias de regulación mercantil, limitándose a recomendaciones generales de índole individual, evadiendo la aplicación de leyes, reglamentos y normas que posibilitan limitar el daño a la salud de la población y reduciendo las acciones a mecanismos de consenso y autorregulación sin ningún carácter vinculante”.

“Cada año mueren más de 70,000 personas por diabetes en México, en el último sexenio han muerto alrededor de 400,000 personas por esta causa, la mayor parte de ellas por malos hábitos alimentarios. Los costos directos e indirectos provocados por el sobrepeso y la obesidad se encuentran en alrededor de $100,000 millones de pesos al año. Las proyecciones en daños a la salud y a las finanzas públicas urgen a que se implementen fuertes regulaciones, leyes, normas y regulaciones para modificar el ambiente obesigénico en que se ha convertido el país, como lo recomienda la OCDE. No podemos soportar más que las autoridades en salud se sometan a los intereses de las empresas”, agregó el director de EPC.