Organizaciones de la sociedad civil celebramos el pronunciamiento de Naciones Unidas, Salud y DIF para garantizar entornos alimentarios saludables a la infancia - Alianza por la Salud Alimentaria

Organizaciones de la sociedad civil celebramos el pronunciamiento de Naciones Unidas, Salud y DIF para garantizar entornos alimentarios saludables a la infancia

Niñas en la escuela comiendo plátano

Ciudad de México, 20 de abril de 2023. Las organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la Alianza por la Salud Alimentaria aplaudimos el posicionamiento sobre entornos alimentarios saludables emitido por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y su Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) de la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en México (FAO) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (Unicef).

Al respecto, Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, organización integrante de la Alianza por la Salud Alimentaria, declaró: “El pronunciamiento emitido por el gobierno y organismos internacionales sienta un precedente de suma importancia para la procuración de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Recordemos que el entorno actual en el que se desarrolla la niñez en nuestro país es uno que vulnera su derecho a la alimentación y la salud”.

De acuerdo con Lina Pohl Alfaro, representante en México de la FAO, “es urgente garantizar entornos alimentarios saludables y para esto son los gobiernos quienes a través de políticas públicas pueden moldearlos: vigilar lo que se vende en las escuelas, prohibir la publicidad de productos malsanos dirigidos a la infancia y continuar apoyando políticas como el etiquetado que ha demostrado ser efectivo, y por otro lado políticas que permitan que los alimentos sean más asequibles y accesibles”.

Otro de los temas fundamentales en este posicionamiento es el rechazo absoluto al conflicto de interés de la industria de productos procesados, ultraprocesados y bebidas azucaradas para intervenir en las políticas públicas que buscan proteger los derechos de la población infantil.

Al respecto, Simón Barquera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud (CINyS) del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), mencionó que “a pesar de conocer las estrategias para prevenir y controlar estas enfermedades, la implementación enfrenta grandes retos, como la interferencia de la industria de productos ultraprocesados, a través de la comercialización y el marketing de alimentos no saludables”.

Y añadió: “es importante tener una gestión de esta interferencia, así como en el diseño de estas políticas sin interferencia de la industria. Esto es elemental para fomentar entornos escolares saludables protegiendo los intereses y derechos de niñas, niños y adolescentes. Refiere que este posicionamiento es fundamental para una acción intersectorial para lograr mejores condiciones de vida en la población”.

Por su parte, Marco Brero, jefe de Nutrición de Unicef, refirió a un estudio reciente realizado por el organismo en donde se observa que el costo del sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y adolescentes alcanza $650 mil millones de pesos, cerca del 3% del PIB de México.

Además, resaltó que las pérdidas económicas que se estimaron fueron, principalmente, por los años de vida vividos con discapacidad, los perdidos por muertes prematuras, por gastos en salud y por pérdida de empleo y productividad.

En su oportunidad Ruy López Ridaura, directo general del Conaprece, habló sobre cómo desde el gobierno se ha visto la necesidad de tener una política intersectorial para garantizar un sistema alimentario saludable con un enfoque importante en el sector agroalimentario. Sin embargo, el sistema alimentario justo saludable y sustentable no ha sido posible por la interferencia de la industria alimentaria, agroindustrial o de agroquímicos, y ha impedido mover la política pública, es por ello que se ha fortalecido la capacidad de regulación del Estado.

Sobre la declaración de la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), Nuria Fernández, las organizaciones aplaudieron el compromiso de la titular al mencionar diversas medidas para salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, el paso de los desayunos fríos a calientes, para una mejor composición nutricional. Asimismo, se busca garantizar el desayuno universal en todas las escuelas para todos los niños.

Además, comentó sobre una iniciativa para refrescos y bebidas azucaradas tema principal que se relaciona con la obesidad infantil, a decir de la titular: “Es necesario que el DIF tome cartas en el asunto”.

Oliver Castañeda, procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del SNDIF, recordó que “La convención de los derechos de niñas, niños y adolescentes establece en su artículo 24 el derecho al nivel más alto posible de salud, y en este sentido dice «los Estados adoptarán las medidas necesarias para, entre otras cosas, el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, además se asegurará que todos los sectores de la sociedad conozcan los principios básicos de salud y de la nutrición»”.

Al referirse específicamente al caso de los amparos contra el etiquetado, apuntó: “Hemos enviado tres escritos dirigidos a la Suprema Corte y dos a la Segunda Sala sobre los amparos en contra del etiquetado, para emprender acciones en favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes y, particularmente, para que se nos reconozca a nosotros como comisión de protección”.

Finalmente, las organizaciones de la Alianza por la Salud Alimentaria confiamos en que a partir de este pronunciamiento los senadores aprueben la iniciativa para garantizar alimentos saludables en las escuelas, los ministros nieguen los amparos de las corporaciones contra el etiquetado y Cofepris publique los lineamientos para regular la publicidad de alimentos y bebidas no saludables a las que se expone la infancia.

 
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