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Sociedad civil propone a candidatos una política integral efectiva y realista frente a la emergencia por sobrepeso y obesidad

Publicado: abril 11, 2018

Se requiere trascender el planteamiento de una Estrategia Nacional y definir una Ley General contra la obesidad con su Programa Especial y presupuesto asignado.
Los elementos clave de esta ley se centran en regulaciones que buscan modificar el ambiente, de obesogénico a saludable, complementado con educación y promoción.
La viabilidad del sistema de salud y del país mismo dependen de las acciones preventivas de la obesidad y deben ser parte de la agenda de todos los candidatos.
Fundamental que la elaboración, implementación y evaluación de la política se haga libre de conflicto de interés, con la participación de los institutos de salud y expertos.

Ciudad de México, 11 de abril, 2018. Frente a las elecciones presidenciales no existen propuestas o éstas no son asertivas para atender la emergencia epidemiológica por exceso de peso que afecta a más de 70% de los adultos y un tercio de los niños y adolescentes en México.

El problema tiene múltiples causas, pero la principal es la existencia cada vez más omnipresente de un ambiente que favorece la obesidad caracterizado por una multimillonaria publicidad, penetración invasiva de productos ultraprocesados altos en azúcares, grasas y sodio en todo el territorio, y su creciente asequibilidad.

El fenómeno se refuerza con etiquetados nutrimentales frontales inentendibles por la población, que inducen a un alto consumo de azúcar y una gran dificultad por acceder a alimentos saludables, por falta de disponibilidad y alto precio.

Las consecuencias de no atender el problema son graves: pasamos de 46 mil muertes por diabetes en el 2000 a 106 mil en 2016. Uno de cada dos niños nacidos a partir de 2010 podría desarrollar diabetes a lo largo de su vida. Y para 2023 el costo de la obesidad será de $272 mil millones, cuatro veces más que en 2008. Los costos incluyen no sólo los gastos en tratamiento médico sino también por ausentismo laboral y por muerte prematura, aspectos que no se toman en cuenta, pero son pilares para la viabilidad propia del país. Asuntos que no han sido abordados por los candidatos a la Presidencia.

La Alianza por la Salud Alimentaria ha criticado abiertamente la actual Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, por la interferencia total de la industria en regulaciones claves (etiquetado frontal, publicidad dirigida a la infancia), la falta de implementación de políticas básicas (lineamientos en escuelas), la falta de integración de cuerpos científicos con la participación de los institutos nacionales de salud, la ausencia de protocolos para evitar el conflicto de interés en el ciclo de la política contra la obesidad, y la falta de recursos al tratarse de una Estrategia y no de una Ley con un Programa Especial.

La Alianza por la Salud Alimentaria propone a los candidatos, ante la emergencia epidemiológica que vive el país, promover el establecimiento de una Ley General Contra el Sobrepeso y la Obesidad, que derive en un Programa Especial que opere con un Fondo específico.

La propuesta propone la creación de una Comisión Intersecretarial para la Prevención de la Obesidad, un Consejo Consultivo y un Comité Científico bajo un marco regulatorio que evite el conflicto de interés entre sus integrantes.

Se proponen diversos elementos que conformarían esta Ley en dos ejes principales: educación y promoción de la salud, y regulación sanitaria y entornos saludables.

Si bien el primer eje es necesario, la propuesta se centra en las siguientes acciones dirigidas a modificar el ambiente que promueve la obesidad:

Fortalecer las medidas fiscales, tanto impuestos a productos no saludables como subsidios a alimentos nutritivos. Generar recursos por impuestos a alimentos y bebidas no saludables para dirigirlos al acceso y disposición de alimentos saludables.

Implementar un sistema de etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas envasadas, fácil de entender y útil.

Regular la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida a la infancia en forma efectiva, es decir, cubriendo todos los medios y herramientas a las que está expuesta.

Fortalecer la regulación de la oferta de alimentos y bebidas no saludables dentro y fuera de las escuelas.

Garantizar el acceso gratuito a agua potable en escuelas, espacios públicos y comerciales, incluyendo la instalación de bebederos.

Promover la activación física en ámbitos educativos y no educativos.

Promover la lactancia materna y la alimentación complementaria adecuada.

El documento presentado “Propuestas para una política integral frente a la epidemia de sobrepeso y obesidad en México” debe formar parte de una política integral que fomente la producción y acceso a alimentos saludables, apoyando la producción diversificada y regional de los pequeños productores con financiamientos, recursos y accesos a mercados justos, fortaleciendo la agricultura familiar y los mercados locales y solidarios.

El fomento a la agricultura de pequeña escala es una estrategia fundamental en la creación de entornos saludables y el combate a la obesidad y a la pobreza. Por ello, recientemente la Alianza por la Salud Alimentaria también ha presentado un Manifiesto por un Sistema Alimentario Nutricional, Justo y Sustentable.

Al respecto, Lorena Vázquez Ordaz, de The Hunger Project México, comentó que los productores de pequeña escala representan el 81.3% de los productores del país y generan más del 40% de los alimentos, sin embargo el gobierno no os apoya con asistencia técnica, financiamiento de recursos ni acceso a mercados justos. La solución sería garantizar alimentos nutritivos a la población rural y urbana del país, lo que mejoraría la economía de estos productores y sus familias, y al mismo tiempo contribuiría a una mejor alimentación de la gente en las ciudades.

La propuesta de la Alianza por la Salud Alimentaria, que coincide con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y diversas instituciones internacionales y nacionales, se entregará a cada uno de los candidatos a la Presidencia de la República, buscando su compromiso en su plataforma de gobierno.

Ana Larrañaga, de ContraPESO, explicó: “Toda la población puede estar en riesgo de tener diabetes por el consumo de alimentos ultraprocesados altos en azúcares, aun cuando no tengan sobrepeso y sean delgados. Las acciones del gobierno al respecto se basan sólo en el tratamiento de los pacientes con diabetes, dejando a la prevención a un lado, lo que es algo indispensable para aminorar el problema. Lo que se requiere es una voluntad política firme”.

Sandra Mejía, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), declaró: “Se busca que los candidatos presidenciales cumplan con lo señalado en la Convención de los Derechos del Niño, la Ley General de Derechos de Niñas y Niños, y demás leyes y tratados, para buscar la protección a su salud. La Estrategia Nacional de Obesidad y Diabetes fue una estrategia fallida y no contó con los recursos suficientes para operar. De ahí la necesidad de una Ley General para el Control del Sobrepeso y Obesidad, acompañada de una estrategia integral preventiva donde se fomente la participación de niñas y niños para el cambio de cultura alimenticia que se necesita”.

Por último, Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor, agregó que esta política integral debe además utilizar un marco de referencia basado en derechos y abordar el tema de conflicto de interés en la elaboración y evaluación de la política.