Kilos y tributos

• La única explicación por la cual el Congreso podría rechazar la propuesta de imponer un impuesto a los refrescos es que nuestros legisladores votan las leyes en función de los intereses particulares y no del bienestar colectivo.

Juan E. Pardinas | México, D.F. 13 de octubre, 2013. Suponer que la epidemia de obesidad y diabetes se puede resolver con un impuesto a los refrescos es una ingenuidad. Un problema causado por múltiples factores requiere de una amplia gama de soluciones. El gobierno tiene a su disposición una caja de herramientas de política pública para desactivar esta bomba de tiempo sobre el bienestar colectivo y la salud de las finanzas nacionales. Sin embargo, dentro de esta caja de herramientas, los impuestos a los refrescos pueden jugar un papel muy importante.

En octubre de 2010, el McKinsey Quarterly publicó el estudio ¿Por qué los gobiernos deben encabezar la lucha contra la obesidad? En dicha investigación, la empresa de consultoría más grande del planeta plantea un abanico de estrategias complementarias para enfrentar esta crisis de salud pública. La publicación de McKinsey propone específicamente los impuestos a las bebidas azucaradas. Como complemento a esta estrategia se sugiere enfocar subsidios a promover hábitos más sanos de consumo alimenticio. Los $12,000 millones de pesos que espera recaudar la SHCP en 2014 por este impuesto se pueden enfocar a que las primarias y secundarias públicas del país tengan acceso a bebederos de agua potable.

La OECD en el documento Obesity Update 2012 también propone que los impuestos a los refrescos son una medida acertada para mejorar la salud pública y cambiar los hábitos alimenticios. Países como Hungría, Finlandia y Francia han impuesto tributos especiales sobre bebidas azucaradas. De acuerdo con estudios de la OECD, la población de bajos ingresos es la que resulta más beneficiada en su salud con este tipo de tributos.

En su anuario de 2013, la reconocida revista británica The Economist publicó la dieta del Economista, donde presenta su receta de políticas públicas para atender el desafío de la obesidad: «Los gobiernos no deberían forzar a las personas a comer brócoli, pero sí pueden otorgar subsidios para hacer el brócoli más barato… Los gobiernos también deberían considerar imponer un alto impuesto a los refrescos. Estas bebidas son el principal factor que produce obesidad y, a diferencia de las hamburguesas, no tienen valor nutricional. Un impuesto a los refrescos es menos intrusivo a la libertad individual, que la imposición de utilizar un cinturón de seguridad«.

John Stuart Mill, el gran filósofo de la libertad individual, afirmaba que el Estado debía intervenir si, y sólo si, las acciones de las personas podían afectar los derechos de los demás. Los costos gigantescos a las finanzas públicas que impone la obesidad implican que el consumo habitual de refresco de tu vecino te perjudica directamente en el monto y la forma en que se gastan tus impuestos. El Instituto Nacional de Salud Pública estima que el costo anual de la obesidad, por ocurrencia de enfermedades y pérdidas de productividad, es cercano a los $67,000 millones de pesos. En 2010, el IMSS estimó que se destinaban $50 millones de pesos diarios para atender y otorgar incapacidades médicas a los trabajadores que padecen diabetes. Con sólo 10 días de esos recursos se podría construir un hospital de 250 camas, con una inversión de $500 millones de pesos.

Esta semana, la prensa nacional cubrió la noticia de 2 mujeres mexicanas en Puebla y Oaxaca que tuvieron que dar a luz, una en el piso de una clínica y otra en el jardín de un centro hospitalario. Ambas historias de angustia son el reflejo de un sistema nacional de salud incapaz de atender la demanda de servicios. Estas 2 mexicanas y sus bebes recién nacidos pagaron las externalidades negativas de que México sea el primer país consumidor de refrescos del mundo.

En un planeta de gordos, México es superpotencia global por varias toneladas. Los datos y las evidencias están frente a los ojos de todos. La única explicación por la cual el Congreso podría rechazar la propuesta de imponer un impuesto a los refrescos es que nuestros legisladores votan las leyes en función de los intereses particulares y no del bienestar colectivo.

Twitter: @jepardinas

Fuente: Reforma.