Alertan conflicto de interés en salud - Alianza por la Salud Alimentaria

Alertan conflicto de interés en salud

  • Nicholas Freudenberg aseguró que estos conflictos son generados por personas que apoyan las propuestas de políticas públicas de las empresas, junto al director de El Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo, en una conferencia.


 

Dulce Soto | 26 de octubre, 2017. La injerencia de la industria alimentaria, a través de cabildeos y del financiamiento a investigaciones que realizan instituciones públicas, pone en riesgo la salud de las personas, aseguró el coordinador del Instituto de Política Alimentaria de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, Nicholas Freudenberg.

Al impartir una conferencia en el país, el experto señaló que, cuando se permite que una corporación participe en el diseño de las reglas gubernamentales que deben regirla, ésta tiene un conflicto de interés, pues buscará proteger sus intereses privados.

Por ello, debe vigilarse la injerencia de las empresas en las instituciones científicas y en la política pública, detalló.

Las industrias tabacalera, la de alimentos y bebidas, la del alcohol, armas de fuego, vehículos y productos farmacéuticos son las que más cabildean y litigan para proteger sus intereses, aunque pongan en riesgo a la población, detalló el autor de Letal pero legal: las corporaciones, el consumo y protecciones para la salud pública (2014).

Explicó que se considera que hay un conflicto de interés científico cuando se auspician investigaciones que confirmen supuestos de la industria, cuando no se hace público el patrocinio de algún estudio y cuando se ataca la credibilidad de instituciones públicas e investigadores independientes.

Además, ocultar datos que no son favorables a los productos de las corporaciones también es parte de los conflictos.

Para el especialista, un conflicto de interés político existe cuando se crean y pagan grupos que afirman ser de carácter ciudadano para promover propuestas de políticas públicas de las empresas.

Freudenberg urgió a la sociedad civil a exigir que se hagan públicas las reuniones que los tomadores de decisiones realizan en privado con la industria y llamó a demandar a los funcionarios públicos que divulguen todas las aportaciones a sus campañas políticas de los grupos de interés privado.

En tanto, el director de El Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo, señaló que de las 11 instituciones externas que la Secretaría de Salud eligió para evaluar la política contra la obesidad, 7 tienen que ver con la industria.

Esto lleva a que las regulaciones contra la comida chatarra y las bebidas azucaradas no sean eficientes, como el etiquetado frontal de alimentos, destacó Calvillo.

Fuente: Reforma.

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