Organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado a las y los candidatos a anteponer los intereses públicos sobre la interferencia de la industria

• Las industrias han interferido en la política en México, socavando los derechos humanos, deteriorando la calidad de vida, mientras priman los intereses comerciales.
• La intimidación y difamación, el socavo a la ciencia, las acciones legales, la creación de campañas de responsabilidad social corporativa, las puertas giratorias, entre otras, son algunas de las técnicas de las que se vale la industria para interferir en las políticas públicas.
• El colectivo integra a más de 20 organizaciones de la sociedad civil, referentes de la protección de los derechos humanos en México.

Ciudad de México, 17 de abril, 2024. Las organizaciones de la sociedad civil Salud Justa Mx, Red de Acción Sobre Alcohol (RASA), Greenpeace México, Agua para Todos, Agua para la Vida, Colectiva Ley Minera ¡Cambiémosla Ya!, El Poder del Consumidor y la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) hicieron un llamado a las y los candidatas que disputan cargos de elección popular, en el proceso electoral 2024, a anteponer los intereses públicos por encima de los intereses corporativos, a ser garantes de los derechos humanos y proteger la salud y al medio ambiente a través de regulaciones de la interferencia corporativa recomendadas por organismos internacionales. Demandan el establecimiento de políticas efectivas de transparencia, de rendición de cuentas y la promoción de buenas prácticas de gobernanza en materia de conflicto de interés.

Durante la conferencia «Interferencia corporativa: sus impactos en la salud pública, medio ambiente y derechos humanos» denunciaron de manera conjunta la constante interferencia de las grandes corporaciones (mineras, tabacaleras, alcoholeras, ultraprocesados, bebidas endulzadas, agroquímicos, productoras de plásticos, y extractoras de agua) en las políticas y normativas aplicadas para las distintas regulaciones de sus productos y prácticas con impactos negativos sobre la salud pública, el medio ambiente y la garantía de los derechos humanos.

A través de diferentes ejemplos, listaron la intimidación y difamación, el socavo a la ciencia, acciones legales, la captura de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la creación de campañas de responsabilidad social corporativa, la creación de coaliciones y grupos frontales, así como la autorregulación, las puertas giratorias y la centralización del debate en la importancia económica, como algunas de las estrategias que utilizan para debilitar y restar responsabilidad al Estado.

Las y los integrantes de las organizaciones nos pronunciamos acerca de los diferentes temas sobre los que hacen incidencia las organizaciones.

Ornela Garelli, campañista de Océanos sin Plásticos, de Greenpeace México, se refirió a las empresas productoras y comercializadoras de productos plásticos de un solo uso que “proveen muchos ejemplos de interferencia corporativa, ya que tienen un largo historial de acciones de diverso tipo (amparos, presión directa a autoridades, uso de cabilderos, etc.) para evitar la reforma de leyes, como el caso de la Ley General de Residuos, la aprobación de nuevas regulaciones, el retraso de su entrada en vigor o incluso su cancelación (como las prohibiciones de plásticos de un solo uso en los estados). La interferencia ha sido tan fuerte que ha logrado bloquear mayores avances en la lucha contra la contaminación por plásticos en México y ha evitado que existan regulaciones que les pongan freno a estas empresas contaminantes.”

Por su parte, Yahaira Ochoa, de Salud Justa Mx, mencionó que “existe evidencia de cómo las tabacaleras cabildean en el Congreso y en otros niveles de gobierno para detener o entorpecer las políticas públicas para el control del tabaco. Recientemente, a través de grupos de fachada interpusieron más de 2 mil amparos en contra de la Ley General para el Control del Tabaco y su reglamento, echando atrás la prohibición de la exposición de tabaco en los puntos de venta, entre otras medidas. Pedimos a quienes lleguen al poder que pongan especial atención en estos intereses, el derecho a la salud debe prevalecer por encima de cualquier interés económico.”

Arturo Sabines, vocero de la Red de Acción Sobre Alcohol (RASA), citó el ejemplo de la senadora Lilia Margarita Valdés, presidenta de la Comisión de Salud en el Senado, “quién presentó una iniciativa para regular la venta de alcohol en los estadios y fue objeto de una fuerte presión por parte de empresas alcoholeras y de aliados, incluidas las televisoras y asociaciones deportivas para que esta no prosperara”.

Durante sexenios ―agregó―, el vínculo y colaboración de directivos de estas empresas con presidentes de la República las protegió de toda política. Precisó, “es urgente que se impulse una Ley general de control de bebidas alcohólicas (similar a la que existe para tabaco) para implementar intervenciones normativas de gran impacto, tal y como se dispuso en la Meta 1.2 del Plan de acción mundial sobre el alcohol 2022-2030 de la OMS”.

En su oportunidad, Andrea Moctezuma, de la organización Agua para Todos, Agua para la Vida, enfatizó que “las corporaciones mineras, refresqueras, cerveceras, agroindustriales y papeleras, entre otras, acaparadoras del agua en México, han sido las principales beneficiarias de que en México no se haya aprobado una Ley General de Aguas que garantice el derecho humano al agua”.

Cecilia Navarro, integrante de la Colectiva ¡Cambiémosla Ya!, expuso que la Ley de Minería, aprobada hace un año en ambas Cámaras legislativas, “ha sufrido los embates de las corporaciones desde que comenzó a ser planteada por la Colectiva y han llevado a que hoy esté sujeta a un proceso de acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue interpuesto por todos los diputados de los grupos parlamentarios de PRI, PAN y PRD. En el camino para su aprobación, estos mismos legisladores ―y también algunos de Morena, como Yeidckol Polenvski y Carlos Noriega― fueron poniendo todo tipo de obstáculos para su dictaminación y aprobación, con el argumento de que debía ser consultada con el sector minero y repitiendo lo que dice la industria: se irán a quiebra los municipios mineros, se perderán miles de empleos”.

Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor, aseveró que “no podríamos explicar la grave situación de salud que vivimos en México, como las declaradas epidemias de obesidad y diabetes, sin la captura del Estado por las corporaciones de comida chatarra y bebidas azucaradas. Más de 5 exsecretarios de Salud mantuvieron relación con la Fundación Mexicana para la Salud creada por la iniciativa privada, todos ellos bloqueando las políticas para regular los productos chatarra y las bebidas azucaradas, además de haber bloqueado las recomendadas de la OMS para reducir el impacto del consumo de alcohol y tabaco. Cada regulación es combatida por estas corporaciones, más recientemente, con cientos de amparos contra el etiquetado de advertencia en alimentos y bebidas, buscando aliados en los ministros de la Suprema Corte, al mismo tiempo que tiene detenidos los lineamientos para publicidad de estos productos, incumpliendo los tiempos para su publicación, y los lineamientos para su venta en escuelas”.

Finalmente, Leticia López, de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), hizo mención a que “desde hace décadas la sociedad civil en México ha dado una intensa batalla por el cumplimiento del derecho humano a la alimentación. Uno de los grandes impedimentos para alcanzar la soberanía alimentaria es el control corporativo del sistema agroalimentario, en el cual 4 monopolios controlan el 67%, del mercado mundial de semillas, 10 controlan el 95% del sector de agroquímicos, 10 controlan el 41% del mercado de fertilizantes y 4 controlan el 90% del comercio de granos. Recientemente, entre muchos otros ejemplos, la interferencia de estos corporativos en la producción agrícola se ha hecho evidente en el caso del Decreto emitido en 2020 y modificado en 2023 por el gobierno mexicano para la prohibición a partir de marzo de este año del uso del glifosato por ser un herbicida altamente peligroso, con daños comprobados en la salud y el medio ambiente.”

El grupo coincidió en que es de vital importancia que las candidatas y los candidatos sumen a su agenda política las recomendaciones internacionales para mitigar la interferencia corporativa, para ello deben realizarse las siguientes acciones:

1. Instaurar procesos de transparencia ante las asociaciones público-privadas.
2. Regulación del conflicto de interés en los tres Poderes de Unión con mecanismos efectivos de transparencia, gobernanza y rendición de cuentas.
3. Creación de entidades independientes para vigilar, monitorear y sancionar casos de conflicto de interés.
4. Evitar que las instituciones públicas se involucren con corporaciones nacionales o transnacionales, y sus actores para implementar políticas públicas que tengan como fin el interés público.
5. Lo derechos humanos y el interés público deben de estar al centro de los programas y políticas.

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