Obesidad y política pública - Alianza por la Salud Alimentaria

Obesidad y política pública

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Ciro Murayama | México, D.F. 6 de abril, 2013. En la conmemoración del Día Mundial de la Salud se pone énfasis en la obesidad como una de las principales causas de enfermedad y muerte entre los mexicanos. El libro Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado, publicado por la UNAM y que recoge un trabajo multidisciplinario de la Academia Nacional de Medicina, coordinado por el doctor Juan Rivera Dommarco, ofrece evidencia sobre la dimensión y características del problema.

En el libro se explica que tres de cada cuatro muertes en el país se deben a enfermedades crónicas no transmisibles, cuyos principales factores de riesgo son el sobrepeso y la obesidad, las concentraciones elevadas de glucosa en sangre, el consumo de alcohol y tabaquismo. Estamos hablando de cerca de 450,000 fallecimientos al año por estas causas. Además, una de cada cuatro muertes tiene qué ver con el peso excesivo.

El sobrepeso, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, afecta a 73% de las mujeres y a 69% de los hombres adultos; a 36% de las adolescentes y 34% de los adolescentes, así como a 32% de las niñas y 37% de los niños en edad escolar.

Lo anterior es resultado de un dramático incremento del sobrepeso en poco tiempo, pues entre 1980 y 2012 se duplicó esta afección entre las mujeres adultas, aumentó en más de tres veces entre las adolescentes y creció 7% en niñas. Esta veloz expansión de la epidemia de sobrepeso nos dice que, independientemente de las características genéticas de la población en México —que no se han modificado— ha habido cambios en un periodo muy breve en la ingesta y en la actividad física que disparan el problema.

En total unos 50 millones de adultos (siete de cada 10) y 12 millones de niños y adolescentes (es decir, uno de cada tres) tienen sobrepeso o son obesos.

Es de resaltar que la prevalencia de la obesidad aumenta más en el quintil de menores ingresos que en el resto, y que también es mayor su crecimiento entre la población rural e indígena, por lo que el peso excesivo tiende a afectar más a la población más pobre.

A este panorama se ha llegado merced a una reducción en el consumo de frutas, verduras, lácteos, carnes, tortillas y otros productos elaborados con cereales de grano entero, y en cambio sube el consumo de refrescos y alimentos elaborados con carbohidratos refinados.

El consumo de refrescos, bebidas con jugo de fruta, con o sin azúcar, jugos naturales, aguas frescas y alcohol aporta entre 20 y 22% del total de energía de los mexicanos de todos los grupos de edad.

El costo de consumir calorías ha disminuido en términos reales y eso permite obtener más calorías a un menor precio que el de 1992. Así, los cambios relativos en la estructura de precios favorece la mala alimentación por exceso.

En el caso de los niños y jóvenes, las escuelas y su entorno facilitan el sobrepeso. En esos espacios hay disponibilidad de alimentos altamente energéticos y bebidas azucaradas, pero escasa disponibilidad de frutas, verduras y agua potable. Así hay un consumo promedio de energía de 560 kilocalorías durante el periodo escolar, más del doble de lo recomendado para un refrigerio escolar.

Las enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad en 2008 generaron un costo público directo de $42,000 millones de pesos y podría duplicarse, de seguir las tendencias, para 2017. A ello hay que añadir el costo indirecto, asociado a muertes prematuras, que se estimó en 2008 en $25,000 millones de pesos y podría triplicarse para 2017.

De este panorama se desprende que la pandemia de sobrepeso y obesidad no se debe sólo a conductas individuales, sino que es resultado de factores estructurales, económicos y sociales que deben ser modificados. Por tanto, se requiere una genuina política de Estado en la materia, que acote a los grupos privados que se benefician del problema (productores de refrescos y comida chatarra, laboratorios que venden productos para adelgazar, etcétera) y, otra vez, anteponga el interés público.

Fuente: www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2013/04/63899.php

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