La obesidad en México y su implicación fiscal

• Reforma Fiscal.

México, D.F. 15 de julio, 2013. El pasado 9 de julio la Organización de las Naciones Unidas, para la Alimentación y la Agricultura (FAO) por sus siglas en inglés, en su informe anual reveló que México es el país con más personas adultas con obesidad; este año la tasa de personas con sobrepeso del país es del 32.8%, rebasando 31.8% de Estados Unidos, que ocupa el segundo lugar.

La obesidad y el sobrepeso ya es un serio problema de salud pública en México, actualmente uno de cada seis mexicanos adultos padece diabetes, las enfermedades cardiovasculares, muchas de ellas asociadas a la obesidad, son la primera causa de muerte en el país, todo esto no sólo causa problemas de bienestar físico, también hay problemas de productividad y estragos en las finanzas públicas del país, esto debido a tener que asignar más presupuesto para atender dichos padecimientos.

Para darnos una idea de los aumentos de presupuesto para atender estos padecimientos, vemos que el costo total de tratamiento de enfermedades relacionadas al sobrepeso y la obesidad se duplicó entre 2000 al 2008, de $35,000 millones de pesos, a $67,000 millones de pesos, este gasto aumentará a $150,000 millones de pesos en 2017, cifra equivalente a 5 veces el presupuesto de la UNAM en 2012 ($32,000 millones de pesos).[1]

La prevalencia de sobrepeso y obesidad ha aumentado significativamente en México, en 1989 sólo un 10% de la población del país era obesa; tan sólo en 24 años, el país ocupa el primer lugar en número de adultos obesos. Aunque son múltiples y complejas las causas del incremento generalizado del sobrepeso en el mundo, existe evidencia de que el consumo de bebidas azucaradas como los refrescos, aumenta el riesgo de obesidad.

El refresco es uno de los productos más demandados en el país, según cifras de la Secretaria de Economía (SE) y del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), el consumo per cápita de sodas de los mexicanos es de 163 litros al año, lo que equivale a poco menos de medio litro al día. La industria de refrescos representa al 10.5% del Producto Interno Bruto (PIB) dentro del grupo de alimentos, bebidas y tabaco, y al 0.6% del PIB nacional.

Según la Revista del Consumidor de diciembre del 2009, un litro de refresco tiene 27 cubos de azúcar; si los mexicanos tomamos cerca de medio litro de esta bebida diariamente, ingerimos alrededor de 14 cubos de azúcar por día, lo que significa que se consume una gran cantidad de de calorías, pero casi nada de nutrientes.

El alto consumo de refresco en México y sus implicaciones que tiene esto en el aumento de la obesidad preocupó a varios legisladores y organizaciones de la sociedad civil. Por ello, en diciembre del año pasado, se presentó una iniciativa para aplicar un impuesto de 20% al consumo de refrescos. La finalidad es desalentar el consumo de estas bebidas.

Los senadores Marcela Peimbert, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) y Mario Delgado, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con el aval de 6 senadores más, 37 diputados y 31 organizaciones de la sociedad civil, presentaron el proyecto que se turnará a la Cámara de Diputados para su dictamen.

El gravar las bebidas azucaradas como una política pública para reducir su consumo y disminuir la prevalencia de sobrepeso, obesidad y otras enfermedades relacionadas, se ha implementado al menos en 19 países con buenos resultados.

Estudios de investigadores del Instituto de Salud Pública muestran que un aumento en el precio de los refrescos, inducidos por un impuesto, podría reducir considerablemente el consumo. Un aumento en el precio del refresco del 20% se asocia con una reducción del consumo del 26% aproximadamente, esto con base en estimaciones de la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, hecha por el INEGI.

Los datos que se tienen en términos económicos nos muestran que la elasticidad –-precio de la demanda de refrescos en México– demuestra que el aumento en el precio de los refrescos reduciría de manera más que proporcional el consumo de esta bebida azucarada.

Los industriales productores de refresco, a través de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) han expresado su desacuerdo con la iniciativa de gravar a los refrescos con un impuesto, ya que alegan que la obesidad y el sobrepeso son de origen multifactorial y no sólo se debe al consumo de bebidas azucaradas, también alegan que el consumo per cápita de refrescos en México en 20 años ha crecido solamente en un 7%, crecimiento que está muy por debajo del aumento de la población con obesidad y sobrepeso, en ese mismo periodo de tiempo.

Para la ANPRAC, la aplicación de un impuesto a alimentos y bebidas no ha demostrado su efectividad y eficiencia para disminuir el consumo calórico. Un impuesto con estas características, que presenta la iniciativa, tendría efectos no deseados, fomentaría la informalidad, la migración a productos fuera de la normatividad vigente, pérdida de control de la información sobre consumo, estigmatización de una categoría, etcétera; además los industriales del refresco consideran que este impuesto es regresivo y afectaría a la economía de los consumidores de menos ingresos.

Los productores de sodas también señalan que entre los alimentos y bebidas no alcohólicas de la canasta básica, el refresco es el único artículo que se grava con un Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La industria refresquera mexicana genera 132,400 empleos directos y 689,000 indirectos y es fuente de ingresos para más de un millón de pequeños negocios familiares, según reflejan cifras del INEGI.

La producción de refrescos en México se encuentra actualmente concentrada en muy pocas y poderosas empresas, “Coca–Cola Company” –que domina el 75% del mercado mexicano de bebidas carbonatadas a través de las embotelladoras mexicanas “Coca-Cola Femsa”, que preside Jose Antonio Fernández Carbajal, que solamente el año pasado vendió 2,900 millones de cajas unidad– y “Arca Continental”, de Manuel L. Barragán Morales, que comercializó 1,200 millones de cajas unidad en 2012; la estadounidense Pepsico controla el 16% del mercado y el restante 9% corresponde a marcas B, como la peruana Big Cola y Red Cola.

El mercado del agua embotellada en México, que es la mejor forma de sustituir el consumo de refresco, también se encuentra muy concentrada en muy pocas empresas; la francesa Danone, Coca–Cola y PepsiCo acaparan el 82% de las ventas, un mercado valorado en poco más de 10,000 millones de dólares, según reportes de Euromonitor. El negocio del agua embotellada en el país ha crecido gracias a la mala calidad del agua potable en casi todo el territorio nacional y que en muchos lugares no hay potabilizadoras del vital líquido, y también a que los sobrecostos que ponen las empresas a estos productos llegan a ser hasta del 90%.

Coca-Cola Femsa y Pepsico son beneficiadas de régimen tributario, ya que están bajo el régimen de consolidación fiscal que les permite deducir pérdidas de una de sus empresas contra las utilidades fiscales de otra, en materia de ISR e IVA y, al mismo tiempo, posponer gravámenes si resultan con un saldo en contra. Sólo Femsa Coca–Cola en 2008 tuvo $168,022 millones de pesos y sólo pago el 2.5% de impuestos en relación a sus ventas, teniendo impuestos diferidos por $2,400 millones de pesos.

En 2010 el gobierno federal publicó la Ley “Anti-obesidad”, que en el discurso tiene como objetivo evitar que se ofrezcan dulces, panecillos, papitas y otras golosinas en las cooperativas escolares, lo cierto es que no se prohíbe el consumo de estos alimentos al interior de los planteles, sólo restringe su venta y publicidad. Empresas como Bimbo de Lorenzo Servitje, jamás dejaron de vender en las escuelas sus productos, simplemente bajaron sus porciones.

La publicación de la Ley anti-obesidad, hizo que Coca-Cola Company que preside en México Brian Smith, decidiera en junio del 2010 retirar sus productos de las escuelas y no sólo sus refrescos con gas, también sus jugos, aguas embotelladas, bebidas funcionales, vitaminadas, deportivas, etcétera.

En marzo del año pasado PepsiCo decidió de forma voluntaria cancelar la venta de sus refrescos azucarados a las escuelas a nivel mundial, pero sus botanas de Sabritas continúan comercializándose en los centros de enseñanza del país.

El gravar los refrescos con un impuesto puede ser el principio de una buena estrategia de salud pública en México, que reduzca el consumo de estas bebidas y así disminuyan los altos niveles de sobrepeso y obesidad que hay en el país, pero también se debe considerar etiquetar un porcentaje de estos gravámenes extras para atender enfermedades causadas por estos mismos padecimientos, otra parte para campañas de prevención, surtir de agua potable al mayor número de mexicanos a bajo costo y también gravar con impuestos extras a los productos de harina, pastelillos, botanas y golosinas de alto contenido calórico y casi nulo poder nutricional –los llamados “productos chatarra”– que hacen que muchas personas tengan sobrepeso, y a la vez, estén desnutridos.

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* Secretaria de Salud México (enero 2010), Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria: Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad. México, D.F.

Fuente: reformas.sdpnoticias.com/reforma-fiscal/2013/07/15/la-obesidad-en-mexico-y-su-implicacion-fiscal