Piden a Alejandro Gertz Manero dar a conocer estatus de la investigación sobre #GobiernoEspía a promotores de la salud pública, a dos años de la denuncia

• Demandan dar a conocer a los servidores públicos que ordenaron el espionaje a activistas que promovían etiquetados entendibles en alimentos y bebidas e incrementar el impuesto a las bebidas azucaradas para enfrentar la emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes.

Ciudad de México, 18 de febrero 2019. En el marco del Encuentro Internacional de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, en presencia de Edison Lanza, relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), El Poder del Consumidor —organización integrante de la Alianza por la Salud Alimentaria— recordó que a dos años de haberse presentado, por primera vez, evidencia sobre el espionaje del gobierno mexicano a miembros de esta organización, así como a expertos en salud pública, se solicita al nuevo fiscal General de la República dar a conocer el estado de las carpetas de investigación sobre estos casos.

En febrero de 2017, Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, publicó el reporte técnico “Bitter Sweet: Supporters of Mexico´s Soda Tax Targeted with NSO Exploit Links” en que se informó que Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, junto con el doctor Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), y Luis Manuel Encarnación, en ese momento coordinador de la Coalición Contrapeso, habían sido espiados con un sistema altamente sofisticado llamado “Pegasus” de la empresa israelí NSO Group.

Investigaciones periodísticas dieron a conocer que este sistema fue adquirido por la Procuraduría General de la República (PGR) a la empresa israelí NSO Group que declara sólo vender estos sistemas a gobiernos.

La propia Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR reconoció haber adquirido licencias de uso del malware Pegasus y haberlo operado desde las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México.

La “infección” con Pegasus ocurrió cuando estos activistas y el investigador del INSP coincidían en denunciar el actual etiquetado frontal en alimentos y bebidas, y promover uno de advertencia en la comida chatarra y las bebidas azucaradas, además de recomendar al Legislativo el aumento del impuesto a las bebidas azucaradas.

Los promotores de la salud pública no solamente fueron “infectados” con este sistema de espionaje, también recibieron mensajes intimidatorios y amenazas acompañando el Pegasus.

El caso, dado a conocer por Citizen Lab y por el New York Times, llamó la atención internacional por el hecho de que el gobierno mexicano estaba utilizando este sistema sofisticado de espionaje, todo indicaba, al servicio de la industria de la comida chatarra y las bebidas azucaradas, un sistema de espionaje que solamente debería ser utilizado bajo una orden judicial para enfrentar al crimen organizado o para la protección de la seguridad nacional.

Cuatro meses después, en junio de 2017, Citizen Lab publicó un segundo reporte “Reckless Exploit: Mexican Journalists, Lawyers, and a Child tarjeted with NSO Spyware” en el que se dieron a conocer 10 casos más de espionaje en México con “Pegasus” a periodistas, organizaciones anticorrupción, defensores de derechos humanos y un menor de edad.

Estos casos demostraron una práctica amplia del Estado mexicano de espiar a quienes enfrentaban sus prácticas de corrupción, de violaciones de derechos humanos, de conflicto de interés.

El caso que sufrieron los promotores de políticas de salud pública demostraba algo más: el contubernio de funcionarios públicos para espiar a organizaciones y especialistas que promovían políticas de salud pública que afectaban los intereses de la industria de los refrescos y la comida chatarra. Demostraban el uso de herramientas de espionaje del Estado al servicio de los intereses de estas empresas.

“Tenemos la esperanza que el nuevo fiscal General de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, dé a conocer el estado de esta investigación, acepte la colaboración de expertos nacionales e internacionales para profundizar en ella y castigue a los responsables. Le pedimos que jale la hebra que llevará sin duda a funcionarios públicos que colaboraron con la industria refresquera y de comida chatarra para evitar que avancen las políticas contra las emergencias epidemiológicas de obesidad y diabetes, como la modificación del etiquetado frontal y el aumento de los impuestos a las bebidas azucaradas”, señaló Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor.

De acuerdo con Citizen Lab, para noviembre de 2018, se tenían documentadas 24 acciones de espionaje con el sistema Pegasus activadas por el gobierno mexicano contra activistas, periodistas y defensores de derechos humanos.

La Red por los Derechos Digitales estima que son más de 100 los casos que han conocido de intentos de “infección”. Entre estos casos destaca el uso de Pegasus por parte del gobierno mexicano contra colegas del periodista Javier Valdez a dos días de su asesinato.

Sobre los casos documentados de espionaje en México se han pronunciado el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la CIDH, miembros del Congreso de Estados Unidos, el núcleo de organizaciones de la sociedad civil de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), la Sociedad Interamericana de Prensa, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, y el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

Más allá de los compromisos por parte del actual gobierno de desactivar este tipo de prácticas de espionaje a periodistas y defensores de derechos, deben investigarse los casos documentados y establecer los castigos correspondientes a los responsables.

“En nuestro caso, debe identificarse a los funcionarios que entraron en contubernio con la industria para brindarles la información generada a través de este espionaje. Hacemos un llamado a la actual administración para evitar que en las instituciones públicas y, en especial, las relacionadas con la protección de la salud laboren personas vinculadas a estos intereses, para evitar que actúen en contra de la salud pública”, añadió Alejandro Calvillo.

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